La Asamblea Nacional prepara la conformación de una comisión multipartidista para recabar información en relación a las manifestaciones que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre pasado. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
La Asamblea prepara la conformación de una comisión multipartidista para recabar información en relación a las manifestaciones que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre pasado.
La instancia tendrá entre cinco y siete integrantes de cada bancada, conforme a la resolución que fue aprobada anoche con 107 votos en la sesión 623 del Pleno, después de un debate que se extendió por alrededor de seis horas.
“Hay preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos, eso tiene la Asamblea que analizar dentro de su rol fiscalizador. También analizará los actos de violencia que se han desarrollado”, señaló la coordinadora de Alianza País (AP), Ximena Peña.
Su coidearia Ana Belén Marín, quien integra el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), espera que la Comisión actúe “con objetividad, sin sesgos políticos ni persecuciones”. Apuntó que el oficialismo todavía no ha decidido un representante para esa mesa.
César Rohon, del Partido Social Cristiano (PSC), consideró que las investigaciones podrán abarcar a todos los actores políticos, incluyendo a los legisladores del correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri que permanecen refugiados en la Embajada de México en Quito.
Precisó que, si bien ellos no han perdido la condición de legisladores, esto se podría dar en el momento de que la Asamblea tome una decisión respecto a que si están involucrados en algún tipo de delitos.
“Hay que preguntarles por qué se han asilado si no hay una fórmula de juicio, si no hay ninguna orden de prisión. Yo no voy a dar ningún juicio de valor, pero hay muchos que se han escondido, hay otros que se han asilado y otros que han salido del país, seguramente su conciencia no los deja vivir en paz”, dijo Rohón.
Eddy Peñafiel, coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), agregó que la Comisión requerirá el asesoramiento de organismos como Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos. Al cabo de 30 días deberán entregar un informe para el Pleno.
La instancia, indica la resolución, “efectuará control político sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública y realizará un seguimiento al fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo“.