Un pescador de Esmeraldas continúa en sus faenas pese a los atracos que sufrió. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO
Los asaltos que enfrentan los pescadores en el mar mantienen en crisis a este sector. Los artesanos ven con impotencia cómo en cada robo pierden sus lanchas, motores, artes de pesca y la producción. Y también sus vidas, pues 33 de ellos murieron durante los atracos cometidos por piratas en estos últimos ocho años.
En las cinco provincias de la Costa -donde se concentra la actividad pesquera artesanal-, 52 de cada 1 000 pescadores son afectados por los delitos en alta mar.
Entre el 2014 y el 20 de septiembre del 2019 se han reportado 3 062 asaltos, que mantienen en zozobra a los 59 616 pescadores del Litoral.
En Esmeraldas y Manabí, las víctimas dicen que los piratas utilizan fusiles HK y armas tipo miniuzi, para amedrentarlos con violencia.
Antonio M. no olvida la última vez que vio a su hijo con vida mientras pescaban a 40 millas de la costa de Esmeraldas.
A mediados del 2015, mientras faenaban, tres piratas abordaron su embarcación con ametralladoras. Tras amenazarlos de muerte les robaron los dos motores, combustible, equipos de navegación, la pesca y las raciones alimenticias.
Los hombres, que tenían cubiertos sus rostros con pasamontañas y gorras, los amarraron y los lanzaron al agua.
Antonio M. alcanzó a soltarse, pero su hijo, de 24 años, no pudo. El cuerpo nunca apareció. Tampoco fue visto por otros pescadores y hasta ahora su familia no acepta la pérdida del joven pescador.
Antonio Intriago vivió un drama parecido en el 2011. Cuando pescaba a 60 millas frente a Crucita, en Manabí, fue sorprendido por un fuerte golpe en su lancha. Seis hombres con ropa de camuflaje, tipo militar, lo apuntaron con fusiles y lo obligaron a lanzarse al piso de la nave. Eran las 19:00 del miércoles 23 de marzo y todo estaba oscuro.
En minutos, Intriago solo sintió que se desmayaba por los disparos que le propinaron en todo su cuerpo. Los piratas se llevaron la lancha, los dos motores y la comida. A él lo dejaron en el mar con unas canecas de combustible vacías. Los hombres se marcharon y creyeron que el pescador había muerto.
Antonio Intriago (izq.) es pescador en Manabí y sobreviviente de un asalto en el 2011. Foto: Juan Carlos Pérez / Para EL COMERCIO
Pero él se aferró a los recipientes y amaneció mal herido en un barco pesquero, que lo había rescatado horas más tarde. Mientras prepara la red que utilizará en la faena de estos días, dice que ahora pesca poco tiempo, porque teme ser asaltado otra vez.
Lo hace durante tres días y ya no a los seis que se tomaba hasta hace ocho años. El robo de una embarcación le significa a un pescador USD 30 000 en pérdidas. Algunos logran solventar las bajas con el uso del seguro pesquero, pero otros que no lo tienen tratan de salir a flote empleándose en otras actividades.
Antonio M. ahora vende pescado sin vísceras en el interior del puerto pesquero de Esmeraldas. Abandonó la actividad que ejerció durante 30 años, luego del robo. Él ruega para que la justicia se aplique a los implicados del asalto en el que murió su hijo. Por ese caso apresaron a siete piratas, quienes fueron sentenciados por delincuencia organizada, acogiéndose al procedimiento abreviado, en octubre del 2017, tras confesar su delito.
Este es el único caso que ha logrado ser judicializado, cuenta Ovidio Quiñónez, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas Pesqueras. El resto está en denuncias y se lamenta que haya casos de artesanos que no aparecen.
Solo en esa provincia se reportan 50 personas desaparecidas entre 2008 y 2019.
La Unidad de Delitos Acuáticos de la Fiscalía informó que desde el 2012, cuando esa dependencia empezó a operar en Esmeraldas, ha llevado los casos denunciados a sentencias condenatorias y otras están en proceso. Sin embargo, no tiene datos sobre la cantidad de sentencias emitidas.
Por ejemplo, el año en que Antonio M. fue asaltado, la Fiscalía inició otras 27 causas contra implicados en robos en el mar. Ese año también se detectó que los atracos suceden en el límite fronterizo con Colombia y, en esos casos, los delitos salen de la jurisdicción de las autoridades ecuatorianas, según la Fiscalía.
Leonardo Bailón dice que las variaciones climáticas hacen que la pesca se aleje y por eso se ven obligados a faenar a 60 millas. Él es un pescador del sitio Los Esteros, en Manta, y cuenta que hace dos años faenaba a menos de 20 millas.
En los dos últimos años, los pescadores de Esmeraldas han realizado tres protestas con el cierre del acceso al puerto, para exigir mayor seguridad.
La última ocurrió el pasado 9 de septiembre. Unos 300 pescadores participaron.
Entre los protestantes estuvo J. Tello, quien ha sido víctima de robo en cuatro ocasiones. La Dirección de Espacios Acuáticos recordó que mantiene en vigencia un Plan de Seguridad Fluvial. A través de este, los pescadores pueden pedir resguardo para trasladar su producción con la compañía de agentes de la Marina.