El 15 de octubre del 2012, Buñay (der.) compareció ante la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/EL COMERCIO
El expresidente del Banco Cofiec, Antonio Buñay, sigue en la cárcel de Latacunga. Cuatro días después de que el presidente Rafael Correa lo indultara, su abogado Juan Carlos León dice que los documentos de excarcelación aún no llegan al centro penitenciario.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, debe firmar la libertad, pero hasta ayer, 19 de mayo de 2017, ella se hallaba en Guayaquil.
Este caso generó más controversia. Mientras el Gobierno defiende la decisión, la oposición pide que la Asamblea Nacional conozca este caso de urgencia.
El asambleísta Esteban Bernal (Creo) remitió un escrito al presidente de la Asamblea, José Serrano, para que el Pleno se pronuncie sobre el tema. En la carta, el legislador recuerda la razones por las cuales el 10 de abril del 2015, la Sala Penal de la Corte Nacional lo condenó a ocho años de cárcel por un delito de peculado.
La Fiscalía dice que en el juicio se demostró que Buñay abusó de su autoridad sobre sus subalternos y presionó para que el crédito de USD 800 000 se agilizara en favor del ciudadano argentino Gastón Duzac.
Esto ocurrió -según los investigadores- a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal.
Además, documentos que reposan en los archivos fiscales señalan que las exgerentes de Crédito y de Riesgos se negaron a firmar la operación de crédito y Buñay sumilló en su lugar.
Ahora, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, dice que Correa lo indultó porque Buñay fue un “tonto útil” de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo de Correa. “Ha recibido órdenes de Pedro Delgado. La pillería la hizo él y (el indultado) fue un tonto útil; no creo que sea culpable. Estamos convencidos de que fue un tonto útil”.
Dos funcionarias que declararon en ese entonces dijeron que Buñay las presionó para que emitieran un informe favorable sobre este préstamo; de lo contrario, iban a ser despedidas.
En ese entonces recordaron que “con una posición enérgica”, el detenido pidió los “respaldos de las transferencias del crédito a Duzac” y preguntó “por qué no se habían cumplido las disposiciones”.
El penalista Gonzalo Realpe dice que, si bien un Presidente de la República tiene la potestad de actuar en estos casos (art. 74 del Código Penal) no debería hacerlo porque son temas controversiales. Por eso, el legislador Bernal exhortó a la mayoría de la Asamblea la revisión urgente del indulto que otorga un Jefe de Estado.
Además, desde el 2008, la Constitución (artículo 233) señala que el delito de peculado es imprescriptible.
En el expediente fiscal se indica que Buñay participaba en reuniones con funcionarios que también pagan una condena por Cofiec. Por eso en el juicio se indicó que él era parte de una “pandilla”. En ese entonces, eso fue negado por su abogado.
Ahora, una vez que salga libre, el indultado deberá pagar (junto con otros procesados) USD 614 655, que la justicia interpuso en la condena por daños y perjuicios.
El abogado León señala que ya empezaron a analizar cómo realizarán ese pago. Sin embargo, aclaró que Buñay sí puede salir de la cárcel, aunque no cancele ese pago.
Y espera que la Judicatura se pronuncie en cuanto al proceso de ejecución de la multa, pues el trámite de cobro está en un juzgado de coactivas. Allí se deberá establecer si la cancelación se tiene que realizar en efectivo o también podría ejecutarse el remate de bienes.
La familia de Buñay recopila toda la información para que se haga efectivo el indulto. En el Decreto se dice que el procesado está arrepentido.
Cronología:
07/12/2011
La gerente de Crédito de Cofiec envió un memorándum sobre el préstamo para el ciudadano argentino Gastón Duzac y lo llevó al Comité de Crédito.
08/12/2011
3 miembros del Comité de Crédito firmaron y avalaron la entrega de 800 000 a favor de Gastón Duzac, con depósitos de garantía de Seguros Rocafuerte.
09/12/2011
Mediante correo electrónico, el Directorio conoció y acogió la sugerencia del Comité de Crédito, por lo cual decidió aprobar la operación crediticia.