Colegio de Abogados de Pichincha y FESE presentan denuncia contra Augusto Espinosa

Este 13 de noviembre del 2017, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso al pedido de juicio político en contra del exministro de Educación, y actual asambleísta, Augusto Espinosa. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Este 13 de noviembre del 2017, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso al pedido de juicio político en contra del exministro de Educación, y actual asambleísta, Augusto Espinosa. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Este 13 de noviembre del 2017, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso al pedido de juicio político en contra del exministro de Educación, y actual asambleísta, Augusto Espinosa. Foto: Flickr Asamblea Nacional

El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) presentaron este viernes 17 de noviembre una denuncia penal en contra del exministro de Educación, Augusto Espinosa.

El gremio de abogados y la FESE lo acusan de tres posibles delitos: fraude procesal, omisión de denuncia, y tortura.

Según el documento presentado en la Fiscalía, el exministro de Educación, "en su calidad de servidor público y en función de su cargo, conoció las denuncias de abuso sexual de menores de edad y tortura, no lo puso inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente".

Y luego añaden que Espinosa, quien actualmente es legislador, "omitió denunciar y ocultó pruebas con las que se hubiese iniciado un procedimiento penal, conductas que se ajustan a los tipos penales descritos (fraude procesal, omisión de denuncia y tortura)".

A través de su cuenta de Twitter, Espinosa dijo que la denuncia es una "persecución". "Es el precio que debemos pagar por liberar a la educación ecuatoriana de sus secuestradores. Detrás de la acusación están el MPD y la extinta UNE, el odio y la mentira. Enfrentamos esto con la fuerza de la verdad", escribió.

Ayer, jueves 16 de noviembre, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, también entregó en la Fiscalía 82 expedientes administrativos de casos de delitos sexuales perpetrados en el sistema educativo entre 2015 y 2017 y que habían sido archivados.

La Fiscalía debe investigar si hubo negligencia a la hora de tratar esos 82 expedientes.

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