Abogados de Paola Pabón se reúnen con la Secretaria de Derechos Humanos por medidas cautelares de la CIDH

Fausto Jarrín, abogado de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, en la Secretaría de Derechos Humanos. Foto: Cortesía Consejo Provincial de Pichincha

Fausto Jarrín, abogado de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, en la Secretaría de Derechos Humanos. Foto: Cortesía Consejo Provincial de Pichincha

Fausto Jarrín, abogado de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, en la Secretaría de Derechos Humanos. Foto: Cortesía Consejo Provincial de Pichincha

Pasadas las 15:00 de este miércoles, 18 de diciembre del 2019, se inició una reunión entre un abogado y un familiar de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y Cecila Chacón, secretaria de Derechos Humanos. La funcionaria también mantendrá encuentros similares con los representantes del exasambleísta Virgilio Hernández y del activista Christian González. Los tres cumplen prisión preventiva por un proceso penal por supuesta rebelión durante el paro de octubre.

En las reuniones se abordará el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los tres detenidos. Luego de la cita, la Secretaría de Derechos Humanos se pronunciará, a través de un comunicado.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, refirió que en las medidas cautelares de la CIDH se pide al Estado ser responsable por garantizar la vida y la integridad de Pabón, Hernández y González. “La CIDH ha dicho que se tomen las medidas que impliquen la mayor garantía de seguridad a su vida, en concierto con sus representantes”, señaló la titular de la Cartera de Estado.

Agregó que en la reunión con la Secretaría de Derechos Humanos se conocerá las “expectativas de los representantes de los detenidos, en el ámbito que le corresponde al Ejecutivo, es decir, en la Secretaría encargada de las cárceles”.

Refirió que la CIDH no adelantó criterios sobre la culpabilidad o inocencia de Pabón y sostuvo que la Comisión tampoco dice que la prefecta se debe defender en libertad, como piden sus abogados. “Eso tendrá que definirlo un juez, si así lo considera”, sostuvo.

La mañana de este miércoles 18 de diciembre Pabón asistió a la Fiscalía para someterse a una valoración psicológica que su defensa solicitó se le realice, como parte del proceso penal en su contra. La funcionaria permanece detenida desde el 14 de octubre pasado en la cárcel de Cotopaxi.

Freddy Ron, uno de los abogados de Pabón, cree que el alcance de la resolución de la CIDH establece que el Estado “debe proveer todas las instancias para proteger tres derechos: a la libertad, a la vida y sus derechos políticos”.

Adelantó que uno de los planteamientos será crear una mesa de concertación con el Estado, en los que se expondrán lo que a su criterio son “vulneraciones permanentes” en contra de Pabón. Además, confirmó que este miércoles, 18 de diciembre, culmina el período de vacaciones adelantadas de 11 días que el Consejo Provincial de Pichincha otorgó a la prefecta. Previamente, Pabón solicitó una licencia sin sueldo de 60 días.

Para su defensa, tendría que existir un trámite de carácter administrativo desfavorable para que la Prefecta sea removida de su cargo. Diego Cevallos, abogado experto en gobiernos locales, señaló que una vez culminado su periodo de vacaciones, Pabón podría incurrir en causal de remoción, salvo que se le revoque la prisión preventiva. Lo dice con base en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Las vacaciones anticipadas de Pabón, en cambio, se sustentaron en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), cree que ante esta aparente falta de armonía entre ambos articulados, se debería extender una consulta a la Procuraduría para que despeje la situación jurídica de Pabón.

Además, los abogados de la prefecta piden a la Corte Provincial de Pichincha que se establezca una nueva fecha para la audiencia de revocatoria de prisión preventiva, que se suspendió el lunes 16 de diciembre. “Estamos insistiendo que la audiencia de revocatoria se realice con la premura que establece la CIDH. No puede ser agendada para enero del 2020”, comentó Ron.

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