En julio del 2015, ocho guías fueron detenidos por presuntamente liderar una red de extorsión en la cárcel de Guayas. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia
Los niveles de corrupción en los guías penitenciarios son “elevados”. Hay “inestabilidad laboral”, “desmotivación en los funcionarios” y no existe un plan de carrera.
Esos son algunos puntos críticos que detectó el Ministerio de Justicia en enero del 2015, cuando elaboró un plan integral para capacitar a los uniformados de la red carcelaria.
22 meses han pasado de esas alertas y los casos de corrupción persisten. Según cifras de esa Secretaría de Estado, entre enero y junio de este año 69 guías fueron separados por incurrir en actividades ilícitas.
Las autoridades han identificado que dentro del sistema de rehabilitación social, este es el grupo que más delitos comete.
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, habló con EL COMERCIO y reconoció este fenómeno, pero aclaró que desde el 2012 se inició un proceso de depuración en las 53 cárceles del país.
Incluso advirtió que en mayo del 2015 se activaron grupos de inteligencia penitenciaria para rastrear a los malos elementos.
Las indagaciones de esos equipos han revelado que los guías son captados por redes criminales para que abastezcan a los internos de droga, dinero, celulares, granadas, armas de fuego y otros objetos prohibidos.
Los informes también indican que existen funcionarios penitenciarios que extorsionan a los detenidos o a sus familiares. Uno de los casos más recientes sucedió en junio pasado. Ocho agentes fueron detenidos por ser parte de una presunta estructura delictiva que introducía celulares y droga en un centro carcelario de Guayaquil.
Inteligencia descubrió que los equipos telefónicos y los estupefacientes eran camuflados en las suelas de las botas.
El padre de un interno modificaba los zapatos de los guías y así evitaban ser detectados.
Para la Defensoría Pública estos hechos son preocupantes. Ernesto Pazmiño dirige esa entidad y asegura que la corrupción en cárceles es una de las razones por las cuales en el país no hay un adecuado sistema de rehabilitación social.
“Si hay corrupción no se genera confianza en los internos y cualquier modelo puede fracasar”, apunta.
Daniel Pontón, experto en seguridad, conoce el sistema carcelario. Para él, las detenciones de esos 69 guías demuestran que existe un proceso de depuración. Pero advierte que se debe tomar en cuenta que el riesgo de corrupción en las cárceles ha aumentado en los últimos seis años, debido al incremento de la población penitenciaria.
En el 2010 había alrededor de 17 000 personas privadas de libertad en el país. Hoy, la cifra está sobre los 27 000 internos.
Aunque no detalla el número de agentes penitenciarios desvinculados en años anteriores, Zúñiga señala que la “corrupción se ha reducido”, entre otras acciones, por las permanentes evaluaciones que se hacen a los uniformados; son sometidos a pruebas de confianza y del polígrafo (detector de mentiras).
Sin embargo, la funcionaria reconoce que erradicar los casos a cero es complejo. Y cita la captura del jefe de guías de una cárcel de Azuay. Las autoridades descubrieron dos celulares escondidos en el envase del gas pimienta que utilizaba.
Según las indagaciones, el uniformado aprovechaba su cargo para evitar las requisas de otros agentes. Así operó durante meses y ahora enfrenta un proceso penal y administrativo.
Pero no solo hay guías involucrados en estos hechos. Inteligencia también ha descubierto a personal del área de la cocina y del dispensario médico de los centros penitenciarios en actividades ilícitas. En noviembre del 2015, dos paramédicos fueron arrestados por intentar ingresar droga en una ambulancia.
Organismos de derechos humanos están al tanto de este fenómeno. César Duque, abogado de la Comisión Ecuménica de DD.HH., comenta que pese a los esfuerzos del Gobierno la corrupción persiste.
Por eso recomienda más estrategias para vigilar a todos los funcionarios del sistema carcelario.
Zúñiga dice que para mitigar estos casos existe un plan de profesionalización de los guías. En junio del 2015 esa Cartera de Estado firmó un convenio interinstitucional para la implementación de una carrera técnica en penitenciaría, con dos años de formación.
Con esto se busca motivar y dar estabilidad laboral, pues se crearán jerarquías y los uniformados podrán acceder a mejores puestos y remuneraciones.
Las autoridades dicen que hay funcionarios que llevan 15 años como agentes penitenciarios, pero que no han podido ascender por falta de un título profesional. “Históricamente los guías no fueron seleccionados, formados y capacitados”, lo que ocasionó que haya “prácticas de corrupción y abuso de poder”, se advierte en un informe del Ministerio de Justicia.
Actualmente hay 1 500 agentes de seguridad penitenciaria distribuidos en los 53 centros de rehabilitación social que operan a escala nacional. Otros
1 500 policías también apoyan en tareas de vigilancia.
Para el próximo año, Justicia prevé que se incorporen a la red carcelaria los primeros 400 agentes con título en seguridad penitenciaria.