A la derecha se observa al equipo de la Fiscalía que acusa a cinco personas. Fiscalía
Cuatro días de audiencia de juzgamiento se han desarrollado hasta ahora contra cinco procesados por su presunta participación en el delito de asesinato contra David Romo.
Entre ellos se encuentran los propietarios de la clínica de rehabilitación, a donde el joven habría sido trasladado el 16 de mayo del 2013, día de su desaparición.
Desde el primer día, la Fiscalía ha presentado a 21 testigos que han colaborado en las indagaciones de este caso. La idea de esa entidad es demostrar su teoría.
Esas audiencias se han desarrollado en las instalaciones del Complejo Judicial Norte y se han presentado ante el juez Wilson Caiza.
Entre los testigos está la vendedora de comida que habría sido la última persona que vio a David Romo, antes de ser llevado a la clínica clandestina de rehabilitación Unión y Esperanza, que funcionaba en Pisulí, un barrio del nororiente de Quito. Además, un testigo protegido contó que en esta clínica los internos eran maltratados y que allí se expendía narcóticos.
Además, aseguró que dos procesados pertenecían al denominado “Grupo Tanque”, que estaba conformado por personas cercanas a los dueños de la clínica.
Los investigadores dicen que este último era el encargado de los secuestros y prácticas violentas para evitar la fuga de los internos.
Antes de la audiencia, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que ofreció disculpas públicas a Alexandra Córdova, madre de David Romo, por el “error y falta de diligencia de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la vigilancia del debido proceso y omitieron informes intermedios del caso”.
La madre del chico ya había advertido sobre irregularidades en el proceso.
El jueves se desarrolló la última audiencia de esta semana. En la sala hubo al menos 25 personas. Entre ellos estaban familiares de los procesados y desde las 08:30 se presentó el primer testigo. Él entregó su versión por un peritaje realizado el 7 de noviembre de 2013 por orden del fiscal Luis Tipán.
El segundo perito se presentó a las 08:45 y presentó en la audiencia un celular, que sería de propiedad de Romo. De este celular se extrajeron contactos, registro de llamadas entrantes y salientes e imágenes.
Las diligencias se reanudarán el lunes 13 y la Fiscalía espera llevar a testificar a otras 49 personas.
Ayer, el abogado de la familia Romo, Milton Castillo, dijo que después de terminadas las audiencias interpondrán una denuncia en la Fiscalía, para que se investigue a los jueces y a los policías “que habrían convertido al Estado en responsable del delito de desaparición forzada de David”.