Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015. Se registraron 1518 personas ejecutadas en 15 países en 2024. Esta cifra expuso la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.
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“Arabia Saudí, Iraq e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo 91% de las ejecuciones conocidas. Se violaron derechos humanos y segaron cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, afirmó Agnès Callamard, secretaria de AI.
Según el informe: Condenas a muerte y ejecuciones 2024 de AI, la cifra del año pasado es la más alta desde 2015. En ese año hubo 1634 ejecuciones. La mayoría en Medio Oriente.
Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.
Las cifras totales conocidas “no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China. Este país es el que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo. Ni Corea del Norte y Vietnam le superan. Esto pese a que se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte en estos países.
Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.
Tres países concentraron más ejecuciones
Arabia Saudí, Iraq e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas, pues sumaron la impactante cifra de 1 380 ejecuciones registradas.
Iraq casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a 63 o más). Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345).
Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a 972). Esta cifra representa el 64% del total de ejecuciones conocidas, en el mundo.
Los Estados que mantienen la pena de muerte son minoría
Callamard expuso que “la pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones. Pero es evidente que los estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”.
“En 2024, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones. Es la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo. Este dato indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, añadió.
AI sostiene que dirigentes utilizaron la pena de muerte como arma. “Con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población”.
EE.UU. es parte de los países que promueven la pena de muerte
En EE.UU., que experimenta una tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia covid-19, se ejecutó a 25 personas. En 2023 fueron 24.
El presidente Trump “invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población de violadores violentos, asesinos y monstruos”. Esto recoge el informe.
“Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”, agregó el texto.
La pena de muerte se usa para silenciar a defensores de DD.HH.
En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos. También a disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas, indica el documento.
“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí. Ahí la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, dijo Callamard.
En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte. Se utilizó para castigar a personas que desafiaron o se consideró que desafiaron, al régimen durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad.
Dos de esas personas -una de ellas un joven con discapacidad mental- fueron ejecutadas después de juicios “sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura. Esto demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder”, dice el informe.
Las autoridades saudíes “siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013”.
En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas.
El Congo quiere retomar la pena de muerte para delitos comunes
La República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones, y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.
Más de 40 % de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas.
AI recordó que, según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.
“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam”, indicó Callamard, e insistió en que “los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas”.
En su opinión, se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas”
145 países abolieron la pena de muerte
En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolió la pena de muerte para delitos comunes. En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.