En el Ecuador, casi 1,5 millones de personas reciben bonos o contribuciones solidarias desde el Estado; más de la mitad corresponde al Bono de Desarrollo Humano. El Gobierno anunció una depuración de ese listado y es una de las tareas asignadas al nuevo titular de la Cartera de Inclusión Económica y Social (MIES).
Entre los argumentos que sustentan ese pedido del Jefe de Estado es que muchos beneficiarios de esos aportes, los recibirían por clientelismo político o intereses partidistas.
Por ahora se desconoce la metodología que aplicará el Régimen para sanear ese listado, ni cuándo entrará en vigencia. Aún nada se oficializa.
En la proforma presupuestaria 2021 que el Ejecutivo envió a la Asamblea constan asignaciones a siete tipos de bonos y ayudas financieras por un monto de USD 1 286 millones.
Este Diario publicó que, según los registros del MIES, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se duplicaron en el último año. Esta variación se produce principalmente porque durante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad económica en el país pasó de 4,3 millones a 5,7 millones.
Además, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la pandemia dejó más de 431 000 nuevos pobres; 196 000 pobres extremos y se perdieron 532 359 plazas de trabajo durante el 2020. Pero las afectaciones también se evidencian durante este año.
Estos datos reflejan las severas consecuencias de la situación socioeconómica del Ecuador. De allí la necesidad de que los recursos destinados a la protección social no se afecten y así lo ha señalado el Presidente.
La decisión del Ejecutivo de ir hacia una depuración debe sustentarse en un análisis técnico que permita identificar a quienes efectivamente necesitan el aporte estatal, para solventar sus principales necesidades.
El plan del gobierno en esta materia no solo debiera enfocarse en la revisión de la lista. El propósito debe estar acompañado de una política integral que permita ofrecer un plan de asistencia a los más pobres. Esa es una de las prioridades del país.