Los rectores de las siete universidades públicas con categoría A no apoyan la desobediencia civil ni declaran inconstitucional a la Ley de Educación Superior como lo proponen los asambleístas opositores. Tampoco apoyan medidas de hecho.Ellos se reunieron ayer en Cuenca, en representación de las universidades Central, Técnica de Ambato, Nacional de Loja, Estatal de Cuenca y las escuelas politécnicas del Litoral, Nacional y del Ejército. Los rectores creen que todavía pueden hacer reformas para mejorar el proyecto.Es decir, trabajar en un paquete de reformas en temas puntuales y en la elaboración de los reglamentos que regirán la ley. Ayer analizaron cada artículo que atenta contra la autonomía universitaria. Criticaron los relacionados a las rentas, la creación de la Secretaría Técnica de Educación como órgano rector, la obligación de contar con docentes PhD y a tiempo completo.Según Jaime Astudillo, rector de la Universidad de Cuenca, el veto de la Ley de Educación será aprobado en la Asamblea Nacional y se convertirá en ley. Por eso cree que es mejor llamar a la reflexión y embarcarse en los planteamientos del Gobierno.Los rectores acordaron que presentarán a su delegado (por las universidades categoría A) para que integre el nuevo Consejo de Educación Superior que reorganizará la educación del país.Las autoridades acogieron la propuesta de Moisés Tacle, rector de la Escuela Politécnica del Litoral, de presentar al presidente Rafael Correa, la necesidad económica real de cada universidad para formar a maestros PhD. “Solo en la Universidad que represento necesitamos USD 15 millones”.Las resoluciones acordadas ayer en la capital azuaya por los rectores de las siete universidades más importantes del Ecuador serán presentadas en la reunión de la Asociación de Universidades y Escuelas Públicas del Ecuador. Esta será hoy en la Universidad Simón Bolívar, en Quito.