En varias ciudades del Ecuador se llevaron a cabo marchas y plantones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para expresar apoyo e inconformidad por la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer aprobada por la Asamblea la madrugada del domingo 25 y 26 de noviembre del 2017. En la foto, un plantón en Guayaquil por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en los exteriores del Palacio de Justicia el 25 de noviembre. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Con 102 votos se aprobó la Ley para prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. La normativa busca prevenir la violencia y evitar el alto índice de femicidios; en Ecuador se registran 244 casos desde el 2014, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Resumen de la votación para la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres. Votación definitiva el 26 de noviembre del 2017 a las 00:34
La aprobación de este cuerpo legal tuvo dos aspectos: la protección a las mujeres y la inclusión de artículos relacionados con el aborto. Rocío Rosero, vocera de la Colación Nacional de Mujeres, señaló que con esta inclusión, la Asamblea retrocedece en los estándares internacionales de normativas de derechos humanos. Además, se deja de lado un análisis de los embarazos por violaciones que se producen en Ecuador.
A continuación, ocho puntos relevantes que provocan debate de la Ley para prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer:
Sistema de protección
El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres estará conformado por 16 entidades: Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, Inclusión Económica, Consejo para Igualdad de Género, INEC, ECU911, Judicatura, Fiscalía, defensorías y gobiernos autónomos.
Educación y violencia
En el texto de la ley se incluye la implementación de contenidos relacionados con el enfoque de género, el énfasis a los derechos de las mujeres, la deconstrucción de los discursos machistas en la malla curricular. Además, la prevención del acoso y abuso sexual, los embarazos adolescentes y la educación sexual.
Sistema de salud
En el cuerpo legal se garantiza el acceso libre y gratuito de la red de salud. Se establece que habrá confidencialidad en todas las situaciones y no discriminación. En el caso de los menores de edad, la atención deberá ser integral sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de sus padres o representantes legales.
Boletas de auxilio
Los efectivos de la Policía Nacional deben acompañar a la víctima para solicitar la boleta de auxilio o la orden de restricción de acercamiento a la persona de parte del presunto agresor (medidas administrativas de protección). Serán otorgadas por los tenientes políticos (en parroquias), y por las juntas cantonales.
Alerta temprana
El Sistema de Alerta Temprana es un mecanismo que permite evitar el femicidio. El Registro Único de Violencia será el instrumento para identificar a las posibles víctimas de violencia. Este ente rector estará conformado por el Ministerio de Justicia, Educación, Salud, Trabajo, Inclusión Económica y por el ECU 911.
Reparación de víctimas
La reparación a las víctimas podrá incluir, entre otras cosas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, las garantías de que no se repitan, la atención de salud y la investigación del caso. La persona afectada podrá ingresar en programas implementados por entidades públicas.
Tratamiento al agresor
El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se encargará de diseñar programas de formación, orientación, educación y atención a agresores y potenciales victimarios. Su objetivo: transformar los patrones y conductas machistas que generan la violencia. La atención será gratuita.
Participación ciudadana
Con esta ley se crearán comités ciudadanos como un mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social. Entre sus labores estarán el diagnóstico para hacer reformas de leyes, planes, programas y proyectos que se ejecuten para tratar a las víctimas de violencia: intrafamiliar, educativa, laboral, deportiva, etc.