Alfredo Corral actualmente ejerce su profesión junto a dos de sus hijos; luego de jubilarse de profesor universitario su proyecto es escribir un libro, pero le falta tiempo para hacerlo. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Alfredo Corral es un hombre formal. Y gentil. Alguien con quien es fácil que una conversación se torne seria, más si el tema gira alrededor de lo público; un concepto que para él es vital en sociedades justas, y que durante sus funciones como ministro, juez o Contralor General del Estado, defendió a cabalidad.
¿Cómo dejamos de pensar que lo que es de todos termina siendo de nadie?
¿Lo que es de todos es de nadie, dice usted?
Es lo que se suele pensar.
Sí, pero es todo lo contrario. Lo que es de todos debemos cuidarlo todos los ciudadanos. En razón de que todos contribuimos para la riqueza del Estado, pagamos los impuestos; los ingresos del Estado se deben a la participación y a la actividad de la ciudadanía y por lo tanto sus recursos deben ser utilizados de la manera más honesta, más nítida… porque pertenecen a la colectividad.
Todos tenemos el derecho a exigir, pero también tenemos una responsabilidad; ¿en qué consiste?
La responsabilidad implica cumplir con nuestras obligaciones; cada uno de acuerdo a sus actividades. Ese cumplimiento de nuestras obligaciones nos genera el derecho para exigir del poder público que actúe honestamente.
Cumplir nos genera un derecho pero también una conciencia de que esos recursos son nuestros, ¿no?
Exactamente. Hay una correlación entre la facultad y el derecho de exigir y la obligación y el deber de cumplir.
¿Al ser conscientes de estas obligaciones individuales, automáticamente entendemos que lo público es, en efecto, de todos?
Exactamente. Si defendemos el concepto de que lo que es de todos corresponde a todos, tenemos que defenderlo cumpliendo nuestros deberes y obligaciones; cada uno en la tarea que le corresponda: el estudiante, estudiando; el trabajador, haciendo sus actividades; el profesional, ejerciendo la profesión con corrección y honestidad; el funcionario sirviendo a la sociedad y no sirviéndose de sus recursos.
Desde su experiencia, qué ambitos públicos han sido los más maltratados?
Se podría decir que en el área petrolera y también en lo relacionado con vialidad, construcción, pero en general todo el sector público ha sufrido abusos, debido quizá a la falta de controles más estrictos.
¿Cuándo y por qué perdimos la consideración, el cariño, por lo público?
Yo diría que estamos golpeados, especialmente por los últimos hechos. Y eso nos afecta terriblemente, porque impacta en nuestra conciencia y patriotismo, pero tenemos que sobreponernos para exigir que se descubran las redes alrededor de la corrupción.
O sea que estamos pasando por un bache y no es que no tengamos consideración por lo público.
Yo tengo fe. Por más golpeado que esté con estas circunstancias.
¿En qué se convierte una sociedad que no defiende el bien común?
Sería gravísimo caer en un marasmo en el cual la sociedad demuestre quemeimportismo y no defienda lo que conocemos como bien común. Eso sí ya sería encontrarse en una situación de
desamparo y desesperanza. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos para exigir que el servicio público sea correcto y eficiente, y para combatir hechos que en lugar de priorizar lo público priorizan lo privado.
Una sociedad que pierde de vista la defensa del bien común volvería a una lógica de clanes, ¿no?
Sí, y sería muy grave. Pese a los golpes que hemos recibido tenemos que levantar nuestra voz y nuestra frente para defender lo que es de la comunidad. Y, consecuentemente, defender el derecho que tiene la ciudadanía de ser bien tratada por el sector público.
¿Cuáles son dos o tres requisitos fundamentales para que alguien pueda administrar lo público?
Primero tiene que tener capacidad y conocimiento para poder desempeñar las labores que le correspondan. Un juez que no conoce de Derecho, un juez que no estudia, un juez que no es responsable, que no dedica sus esfuerzos al servicio de la sociedad, no merece ser juez. Ese es un requisito fundamental; el otro es que haya absoluta honestidad. O sea, una formación moral inquebrantable; todos los servidores públicos tienen que tener una concepción de servicio.
¿Cómo le suena esta propuesta: que ningún funcionario sea considerado y llamado autoridad, sino que todos sean tratados como servidores públicos?
Y esa es la verdad, son servidores públicos. Quienes hemos estado en funciones lo sabemos. El término autoridad da una jerarquía porque obviamente se tiene facultades, poderes y responsabilidades, pero hay que someterse a las normas jurídicas en el ejercicio de esa autoridad.
Entonces, sí cree que nos ayudaría dejar de verlos como autoridades para verlos como servidores.
Claro, porque la esencia del funcionario es servir. Y servir quiere decir entregarse a los demás con todas la capacidades y eficacia posibles, para hacer un bien a los demás, para dar un servicio colectivo.
¿Por qué hay tantos funcionarios que creen que sacar provecho privado de lo público es normal?
Hay hasta un dicho: ‘Autoridad que no abusa pierde prestigio’.
Es que es alucinante…
Se marean y creen que el ejercicio del poder está en hacer y deshacer a su antojo, sin someterse a las prescripciones legales que existen para impedir que existan abusos.
¿Coincidiría conmigo en que en el sector privado los abusos se dan menos?
Muchísimo menos.
¿Por qué?
Quizá porque hay más control; es decir, porque hay menos oportunidades.
Porque hay alguien que está cuidando.
Sí, porque hay un control eficiente de los recursos y de las actividades.
¿Una gestión eficiente y honorable de lo público requiere de la combinación de control y conciencia?
Exacto, lo primero sería la conciencia, para que haya autocontrol del propio servidor; y luego, que haya un control superior, exterior, que pueda detectar si hay desviaciones en la actuación del servidor.
¿Cómo sería para usted un Ecuador en el que a todos nos doliera lo público?
Sería un país con mayor conciencia cívica. Porque si no tenemos conciencia cívica y consideramos que lo público no sirve para nada o que sirve para aprovecharnos de él será muy difícil que salgamos del estado en el que estamos.
Alfredo Corral
Nació en Cuenca en 1939 y vive en Quito hace 40 años. Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Ha sido Ministro de Trabajo(1992-1996), conjuez de la Corte Suprema de Justicia (1996-1998), Contralor General del Estado (1998- 2003). También se ha desempeñado como profesor universitario durante 43 años y ya está jubilado, ejerciendo suprofesión.