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Gabriela Arias: ‘Soy posgradista y pido se respete la ley humanitaria’

Gabriela Arias es una médica posgradista de 33 años. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

‘En julio del 2020 me correspondía rotar (pasar) en el Enrique Garcés. Este se transformó en un hospital covid y el área de neonatología tuvo que salir de ese lugar. La Maternidad Luz Elena Arismendi prestó un piso y allá continuamos.

Somos un grupo de siete posgradistas de Pediatría, que firmamos nuestra vinculación en noviembre del 2020, como lo estableció la Ley Humanitaria. No entendíamos por qué nos contrataban solo por dos meses, si la norma ordena que sea hasta culminar el posgrado.

En la coordinación zonal de Quito se nos dijo que el contrato se renovaría cada año y en que enero nos volverían a llamar. Recibimos sueldo en noviembre y diciembre. Recién el 25 de enero nos notificaron que cursamos el posgrado y que ya mismo firmaríamos otro contrato.

Cumplíamos con los requisitos. Pero nunca nos convocaron para firmar. Desde la segunda semana de enero consultamos en la zonal y nos dijeron que fue por un error administrativo del área de docencia, que no presentó nuestros horarios.

Luego, aseguraron que la maternidad debía entregarlos, pero nosotros pertenecíamos al Enrique Garcés. Solo estábamos en el otro hospital físicamente por la pandemia.

Pedimos que envíen algún documento explicando que fue un error, no lo hicieron. Talento humano de la maternidad sí envió la aclaración.

El 4 de febrero hablamos con el Enrique Garcés y no estaban enterados del problema. Se comprometieron a enviar la información, pero la coordinación zonal contestó que ya era tarde, que el presupuesto ya no existía y que quedábamos fuera.

Luego hablamos con la Coordinación Zonal 9 (Quito). Recomendaron hacer un oficio a la planta central, pidiendo que asignen el presupuesto, para que nos contraten.

Hicimos eso, explicando lo que pasó por errores administrativos, y señalaron que si no se cumplía con los requisitos no nos podían contratar. Había otros posgradistas que recibían su sueldo y nosotros no, pese a que nos habían contratado antes.

Seguimos trabajando en enero, febrero y marzo. Al final de ese mes llegó un Quipux, nos dejaron fuera. Nos prohibieron ingresar a la Zona.

16 posgradistas de varios centros iniciamos una acción de protección. A todos nos contrataron previamente y recibimos el mismo oficio en el que nos sacaban.

En el juicio, la Coordinación Zonal indicó que la universidad no tenía convenios, pero nuestro abogado preguntó que, si no los había, por qué algunos compañeros de la misma institución estaban contratados. Hubo muchas contradicciones.

En la sentencia, que salió en los primeros días de junio, solo se declaró la vulneración a nuestro derecho a la educación. La jueza les dio 20 días para reintegrarnos a las unidades del MSP para que, como estudiantes de posgrado, hagamos la rotación: regresar a trabajar sin pago, contrario a la Ley Humanitaria.

Pasaron 20 días y no hubo notificación de reintegro. Estamos ya más de dos meses fuera de los hospitales, mientras compañeros de la misma promoción avanzan en el tercer año de posgrado. Nos quedamos estancados, a puertas de terminarlo.

Ni el abogado de la zonal ni el del Ministerio informaron sobre nuestro caso. No sabían nada, recién se enteraron. Me dijeron que en siete días informarían qué va a pasar, pero hasta la fecha no sé nada.

Al inicio del posgrado, la ‘U’ envía un cronograma de la rotación, pero en la pandemia hubo una nueva matriz que decía que quienes estábamos en el IESS o el MSP debíamos quedarnos ahí, ya que los privados dejaron de tener convenio.

La zonal no hizo caso a esa matriz. Según el cronograma inicial, este mes me correspondía estar en un hospital privado, así que quedé fuera del posgrado. De noviembre a enero me tocará en el Baca Ortiz y esperaba recibir un salario. Pero desde la zonal me recordaron que solo está permitido que haga mi rotación como alumna, no con sueldo. La sentencia dice que solo se vulneró mi derecho a la educación.

Hemos recibido insultos y llorado. Dicen que somos unos aprovechados, que la universidad se valió del MSP para sacar dinero.

Hoy tenemos una reunión con un delegado del Ministerio y de la zonal. Esperamos seguir preparándonos en las condiciones que merecemos. Mientras, tuvimos que buscar trabajos para pagar el semestre.

Yo hago turnos de 24 horas en una clínica en Cayambe como médico general.Ahora que estoy de vacaciones de la universidad, aprovecho para trabajar y para estudiar porque quiero hacer mi subespecialidad en gastroenterología pediátrica. Eso me tomará dos años más. Es en México, aquí no hay”.

¿Quién es?

Hoja de vida. Gabriela Arias es una médica posgradista de 33 años. Cursa sus actuales estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), va en el tercer año; dura tres años y medio.

Quiso compartir la experiencia que atraviesa junto a otros siete compañeros, tras no haber sido contratados como lo establece la Ley Humanitaria. Espera recibir ayuda de nuevas autoridades.

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