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Personal sanitario afronta trabas hacia la estabilidad

Médicos atienden en el área de hospitalización del Carlos Andrade Marín. Foto: cortesía

Cuando el hospital Eugenio Espejo estuvo colapsado por los casos de covid-19, Carlos Mejía hizo 100 cirugías. Eran procedimientos por cáncer que no podían esperar. Así que compró sus propios implementos de bioseguridad para entrar a quirófano, como lo ha hecho en los últimos 11 años.

Durante ese tiempo, el cirujano oncólogo ha laborado con nombramiento provisional. Por eso obtener uno definitivo, con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH), simbolizaba la reivindicación de sus derechos; intentar lograrlo no ha sido sencillo.

“La atención no paró y estuvimos muy expuestos al contagio. Trabajamos de forma presencial, en horarios quirúrgicos prolongados y también por telemedicina, para minimizar el riesgo -explica-. Pero mi carpeta fue rechazada pese a que atendí a 2 000 pacientes. Mis residentes, mis alumnos, ya tienen nombramiento definitivo; yo no lo tengo”.

En junio, junto a otros 108 profesionales del hospital, Mejía recibió el fallo a favor a una acción de protección que dispuso la entrega de los nombramientos. Pero la decisión no ha sido ejecutada. El abogado Luis Ávila ha dirigido cuatro demandas colectivas, entre ellas dos de este hospital público. Tres han sido favorables y están a la espera de su ratificación en la Corte Provincial de Pichincha.

La LOAH fue publicada en junio del 2020, en medio de la crisis por covid-19. Su artículo 25 ofrecía estabilidad a todos los trabajadores de la salud, con entrega de nombramientos definitivos tras un concurso de méritos y oposición, como incentivo en medio de una pandemia que puso en riesgo la continuidad de los servicios hospitalarios.

Tres meses después, un reglamento planteó solo considerar al personal “en funciones relacionadas directamente con la atención médica a pacientes con diagnóstico de covid-19”.

“Pusieron obstáculos porque se dieron cuenta que el tema se les salía de las manos”, asegura Ávila. “Pensaban que solo eran 5 000 médicos, sin contar otros profesionales del sistema de salud. Había cerca de 25 000 funcionarios que podían acogerse”.

Un informe técnico del MSP registra 15 324 ganadores de concursos hasta fines de octubre. A esa fecha, el IESS había entregado 4 923 nombramientos, según informó la Comisión de Salud de la Asamblea.

Los gremios dan otras cifras. A inicios de este mes, el Colectivo Reacción Ecuador denunció que 5 177 funcionarios no habían accedido a sus nombramientos, aunque cumplirían los requisitos. Por eso marcharán el próximo martes a la Asamblea con sus mandiles.  

Las protestas se han repetido en Guayas, donde Freddy Viejó defendió a médicos y otros profesionales. Lo hizo en gratitud por la atención que recibió en el Hospital Guasmo Sur en el pico de contagios, cuando dependió por completo del personal de UCI. Junto a los colegios de profesionales de la provincia y del país presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de aclaración y revocatoria de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 25 de la LOAH.

La CC tomó la decisión en septiembre, al considerar que se impide el derecho de ejercer cargos públicos a “todas las personas que quisieran participar en los concursos”. Según la CC, eso va contra la Constitución que “consagra el derecho a la igualdad y no discriminación”.

La sentencia, sin embargo, solo tendrá efecto para los nuevos procesos y tras su publicación en el Registro Oficial. Eso aún no ocurre, por lo que las solicitudes en marcha deben continuar.

Ahora Viejó, como delegado en Guayas de la Defensoría del Pueblo, vigila que los hospitales cumplan con los trámites. “Hemos solicitado la información de los concursos realizados, de quiénes se beneficiaron con nombramientos y quiénes no, que nos expliquen por qué”.

En los despachos de talento humano, los postulantes hallan más obstáculos: plazos cortos para dar documentos, su anulación por ser parte de procesos anteriores de nombramientos -hubo uno en 2015-, falta de pruebas de covid-19 de sus pacientes.

Para el epidemiólogo Alberto Narváez es una traba. “Es absurdo decir eso cuando no había las suficientes pruebas PCR en el país y cuando seis de cada 10 enfermos son asintomáticos”. Así lo ha expuesto a través del recurso amicus curiae, en apoyo a sus colegas.

Otro especialistas del Eugenio Espejo, que prefiere no dar su nombre, recuerda que los resultados de las pruebas rápidas que mostraban los pacientes antes de las cirugías no eran del todo seguros.

“A pesar de todo yo no me quedé en la casa, aunque paso de los 60 años. No estoy en la lista -denuncia-, pero hay médicos generales que ya tienen su nombramiento definitivo en un hospital de especialidades”.

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