Es en la Defensoría Pública, en el centro de Guayaquil, habla la presidenta de la asociación Martha Gutiérrez, Carmen Vásquez. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
El próximo lunes 5 de febrero del 2018, un grupo de pacientes del Hospital Alfredo J. Valenzuela se concentrará en la Unidad Judicial Norte La Florida, en Guayaquil. Esa es la fecha para la acción de protección que presentaron por el cierre de la casa de salud.
El Neumológico fue clausurado el 8 de diciembre del 2017, por supuestos problemas de insalubridad. Las autoridades de Salud anunciaron su intervención y los pacientes fueron derivados a los hospitales Guasmo Sur y de Infectología.
Carmen Vásquez, presidenta de la Asociación de Usuarios Martha Gutiérrez, presentó la acción constitucional. “Las autoridades no nos han dado ninguna explicación sobre el traslado de los pacientes, sin plan de contingencia (…). También hay problemas con el laboratorio de microbacterias; hubo 1 293 muestras perdidas, es decir que ese número de personas se quedó sin diagnóstico”, dijo.
Además explicó que enviaron una carta de reclamo al presidente Lenín Moreno y presentaron una denuncia ante al Defensoría del Pueblo. También recurrieron a una medida cautelar, que les fue negada.
Para la acción de protección, los usuarios acudieron a la Defensoría Pública. El abogado Steven Espinoza dijo que la acción es contra el Ministerio de Salud Pública y que pedirán la reparación de derechos.
“En este caso hay violaciones a derechos constitucionales e incumplimiento a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obligación del Estado de cumplir con el derecho a la salud”, aseguró Espinoza.
Los usuarios piden que se suspenda la clausura del hospital, una indemnización a los pacientes derivados y que hayan sufrido algún tipo de consecuencia, y que este tipo de cierres no se vuelva a repetir.
Las acciones de protección son de inmediata ejecución. El defensor indicó que esperan una resolución el mismo día. Si no es favorable, anunció, que seguirán el proceso en otras instancias.
El cierre del hospital se dio tras un análisis de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), que es parte del Ministerio de Salud. La evaluación determinó problemas sanitarios, la falta de prendas de protección para el personal, mal manejo de desechos y la presencia de plagas.
La Acess dio un plazo de siete meses antes de una nueva evaluación. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, recorrió el hospital a mediados de enero. En esa ocasión informó que en 120 días estaría listo el informe técnico y económico que determinaría las áreas que serán intervenidas.