La respuesta no es del todo clara. Esa es la reacción de Pedro (nombre protegido), quien por más de año ha seguido los trámites en al menos cuatro hospitales de la red pública de salud para un trasplante renal con donante vivo. Tiene VIH y ha denunciado que por esa condición aún no puede acceder a la cirugía.
En octubre presentó una acción de protección que generó el pronunciamiento del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos (Indot). En un comunicado explican que la actividad de trasplantes se basa en normativas “no excluyentes”, y agrega que desde febrero de 2022 han dado acompañamiento al paciente.
La entidad además menciona que ha presentado el caso a hospitales de Cuenca y Quito, aunque estas unidades les han indicado que “no tienen capacidad resolutiva ni protocolos internos” para realizar intervenciones de este tipo, en pacientes portadores de VIH.
Sin embargo, el Indot añade que “en Ecuador y en el mundo, la infección por VIH no es considerada una contraindicación para trasplantes, siempre que el paciente tenga su condición bien controlada”. “Las indicaciones para los trasplantes renales en pacientes portadores de VIH, son las mismas que en pacientes no infectados”, cita el instituto, adscrito al Ministerio de Salud Pública.
Para Pedro esto resulta contradictorio y solo dilata más su espera por una cirugía que, según afirma, cambiará su vida. En el 2020 fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, debido a una hipertensión hereditaria. Desde entonces debe acudir tres veces por semana a tratamiento.
“Temo que sea un nuevo intento fallido -advierte Pedro-, pues el Indot, pese a ser la institución que recepta los protocolos y acredita a los hospitales para la realización de trasplantes, solo anuncia la evaluación del equipo médico, más no menciona si tienen los protocolos, ni confirman que los vayan a ejecutar”, lamenta.
Como seguimiento del caso, el Indot informó que se realizó la derivación de Pedro al Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En el comunicado indican que esa unidad maneja el caso desde el 15 de noviembre. Pedro indicó que hasta este viernes 18 de noviembre no había sido contactado.
El proceso judicial se encuentra en etapa de ampliación. En una primera etapa Pedro recibió una resolución favorable, de manera parcial, por la vulneración de derechos constitucionales a la salud, a la vida y a la no discriminación.
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