Movimiento de mujeres dice que la Ley de aborto no debe tener plazos para el acceso a la causal de violación
Guillermo Lasso insiste en que decidir y acceder a un aborto en casos de violación “no es un derecho”. Foto: Archivo EL COMERCIO
Un total de 151 organizaciones y colectivas presentaron una propuesta para el proyecto de Ley de aborto para víctimas de violación. Entre los acuerdos políticos y exigencias del movimiento de mujeres consta que la Ley no debería definir plazos para el acceso a la causal violación.
La causal en sí, se lee en el documento, ya es una excepcionalidad y solo protege a un determinado grupo de mujeres. “Establecer plazos significa poner nuevos obstáculos a estos casos, ya excepcionales, lo que se traduciría en restringir aún más el acceso al servicio.
Las mujeres proponen que el proyecto de ley contemple como único requisito para el acceso a un aborto por violación, una solicitud ante el servicio de salud, como lo establece la actual Guía de Aborto Terapéutico, vigente desde el 2014.
“Este debe venir en un formato sencillo en el cual quienes soliciten el aborto, declaren a su vez que el embarazo es producto de violación, en concordancia con los estándares internacionales que establecen que en delitos sexuales lo fundamental es el testimonio de la víctima”.
🟢Entrega de propuestas del movimiento de mujeres y feministas a la Ley de #AbortoPorViolación en la Defensoría del Pueblo.
— MujeresporelCambio (@MujerPichincha) June 19, 2021
Accede al documento ➡️ https://t.co/IW1WDyXlI7@MujeresEcuadorN pic.twitter.com/rq2NqBenqS
Incluir otros requisitos para acceder a los servicios de aborto como la denuncia, el examen médico o la declaración jurada, constituyen barreras de acceso para las mujeres, adolescentes, niñas, y personas con capacidad de abortar, que se encuentran en situaciones de doble o triple vulnerabilidad, dice la propuesta.
Además, en el documento se lee que, desde el Movimiento de Mujeres y Feministas, “no apoyaremos ni respaldaremos una propuesta de ley que incluya como requisito para el acceso el examen ginecológico, porque no protege nuestros derechos, sería revictimizante y constituiría una barrera de acceso insuperable para muchas niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de abortar sobrevivientes y víctimas de violación”.
Además, señalan que tampoco apoyarán una propuesta que ponga como requisito una declaración juramentada, ya que, “por su costo y por exponernos nuevamente a la decisión de un funcionario público de recibir nuestra declaración”.
El 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación con siete votos a favor y dos en contra, a través de la sentencia 34-19-IN y acumulados. En la sentencia se ordena que, con la participación de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo construya un proyecto de ley para garantizar el acceso a la causal violación.
Este proyecto debe ser presentado hasta el 29 de junio del 2021 a la Asamblea Nacional, que, a su vez, tiene seis meses para debatirlo.
La convocatoria para participar en el diálogo y construir la propuesta del movimiento de mujeres fue enviada por 38 organizaciones y colectivas, con el objetivo de garantizar el acceso al aborto por violación en Ecuador.
El documento recoge, entre otros aspectos, las barreras que existen en el país para el acceso a la salud y a la justicia. El sistema de salud, enfatizan las mujeres, debe facilitar toda la información necesaria y el acceso al aborto en los servicios de salud más cercanos a sus territorios, adecuados y pertinentes culturalmente.
Asimismo, se exige que en los entes de justicia se brinde información sobre aborto legal en caso de violación para todas las mujeres, adolescentes, niñas, hombres trans o personas no binarias, que acudan a poner denuncias por violencia sexual. “El objetivo de los mismos sería informar de su derecho a interrumpir un embarazo producto de violación”.
Para que esa sea una ley reparadora y que ponga en el centro los derechos humanos, la propuesta del movimiento de mujeres señala que es necesario que la misma garantice gratuidad, confidencialidad, igualdad y no discriminación, atención integral, accesibilidad, disponibilidad, calidad en la atención, sensibilización y capacitación, entre otros aspectos.