Una marcha contra el derecho al matrimonio civil igualitario en Quito
Los manifestantes vestían camisetas blancas, llevaban pancartas y gritaban consignas, este sábado 29 de junio del 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Este 29 de junio del 2019 se realizó en Quito una marcha contra el derecho al matrimonio civil igualitario que partió desde el Centro Histórico hasta el parque El Arbolito, frente a la Corte Constitucional.
El evento se inició a las 10:00 con ciudadanos y organizaciones religiosas autodenominadas ‘pro familia’.
Los manifestantes vestían camisetas blancas, llevaban pancartas y gritaban consignas: “La familia no se toca”; “sí a la familia, no a la ideología”.
Los marchantes cuestionaban la sentencia de la Corte Constitucional que el 12 de junio del 2019 aplicó la Convención Americana de Derechos Humanos para reconocer en Ecuador el derecho al matrimonio civil igualitario.
Elizabeth, una de las personas que acudió a la marcha, considera que esa decisión de la Corte “es inconstitucional porque en la ley se establece que el matrimonio es entre hombre y mujer”.
Los jueces de la Corte Constitucional señalaron que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo (su sentencia no se refiere al matrimonio eclesiástico) es legal. En la Constitución ecuatoriana reza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades: “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil”.
La Corte Constitucional enfatizó que “por la atención más favorable de los derechos, el derecho al matrimonio reconocido a parejas heterosexuales se complementa con el derecho de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio”.
El fallo que aprobó el derecho al matrimonio civil para todos los mayores de edad fue saludado por el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de defensa de los derechos humanos, la comunidad Lgbti, entre otros.
La sentencia tuvo como base la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisa que "para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas... Extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo -incluyendo el matrimonio-, de conformidad con el principio pro persona... sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo".
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