‘Dejad que los niños vengan a mí’. El libro fue publicado en Colombia en septiembre de este año. Es el resultado de una investigación radial que se transmitió desde marzo del 2018. Foto: EFE
Hay libros en los que las polémicas son sus marcapáginas. Esta es, precisamente, la situación que ha envuelto a ‘Dejad que los niños vengan a mí’, un libro del periodista Juan Pablo Barrientos, en el que revela cómo la Iglesia Católica colombiana ha manejado varios casos de (posible) abuso sexual entre sus filas.
Obispos, sacerdotes, religiosos y hasta seminaristas se convierten en perpetradores o encubridores de actos como violaciones, acoso sistemático, abuso sexual, intimidación y otros pecados castigados por la Ley Divina.
Barrientos, quien empezó este trabajo periodístico como una investigación transmitida por la emisora colombiana W Radio, en marzo del 2018, se convierte en un investigador que va atando cabos de historias que conectan a niños y jóvenes de escasos recursos o vulnerables con comunidades religiosas con alto poder económico, sacerdotes con una fuerte influencia política y obispos que hacen un uso pleno del Concordato Vaticano para desarrollar investigaciones puertas adentro y sin injerencia de las autoridades civiles.
“Siete historias, dieciocho sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad, veintisiete víctimas y solo dos condenas”. Esta es la primera oración de un libro que pasará a la historia por revivir la persecución que tuvieron los libros y autores incluidos en el ‘Index librorum prohibitorum’.
En una primera instancia, un juez intentó prohibir su circulación (algo que el mismo juez desestimó días después). Luego, una jueza de Antioquia dio, el 29 de octubre, un plazo de cuatro horas para que el periodista colombiano revele sus fuentes so pena de “imponer de acciones disciplinarias y/o penales”. En todos estos procesos, la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que esta era una “estrategia de acoso judicial contra la prensa”.
Más allá de las polémicas suscitadas, el libro de Barrientos tiene tres elementos sobre los cuales vale la pena reflexionar: el papel de la Iglesia en el momento de enfrentar denuncias sobre posibles acosadores sexuales; la misión que tiene el Estado de investigar y proteger a la ciudadanía, aún en procesos que parecerían pertenecer exclusivamente al fuero eclesiástico; y el trabajo que tienen los familiares y amigos cuando se detectan prácticas de este tipo contra menores de edad.
La investigación de Barrientos nació luego de que la palabra Medellín apareciera en la película ‘Spotlight’ (2015), basada en la historia de un equipo periodístico que destapa casos de abuso sexual en la Iglesia Católica de Boston, como una de las ciudades donde se investigaban casos similares a los estadounidenses. A partir de este momento, él empieza una travesía para conocer cómo posibles víctimas y personas en las que se demostraron estas prácticas han tenido que llevar sus casos hasta la ley eclesiástica y civil colombiana, con el fin de reparar los daños cometidos en su contra.
El camino que toma Barrientos no es sencillo, pues no solo implica sentarse a escuchar testimonios desgarradores, como el de una madre soltera que debe enfrentar la violación de dos de sus niños de 10 y 9 años a manos del cura de su parroquia.
También debe encarar a las autoridades de la Iglesia colombiana, quienes en varios de los casos reportados en el libro hacen abiertamente uso del Concordato Vaticano, para exigir que la justicia ordinaria proceda luego de la eclesiástica, o bien para solicitar que los sacerdotes condenados sean recluidos en casas de las diócesis y no en las cárceles comunes.
Es en este punto donde salta a la luz un problema que ya se reportó en Boston y que se replicaría en varios casos reportados por Barrientos: la Iglesia parecería mover de una parroquia a otra, incluso entre países, a los miembros que comienzan a levantar alarmas de este tipo. Uno de esos casos es el de Luis Eduardo Cadavid, un sacerdote que fue sentenciado a pasar 2 040 días de condena, de los cuales solo pagó 929 y que continuó ejerciendo su ministerio.
Es aquí donde queda una interrogante: ¿es recomendable que la Iglesia reincorpore a personas que han sido culpadas por este tipo de crímenes? La gracia divina parecería decir que sí; la lógica humana tiene otras respuestas.
En un segundo momento, las historias de Barrientos constituyen una crítica a cómo en los estados laicos no se da una ruptura total entre Iglesia y Gobierno. Entre las denuncias que salen a la luz en ‘Dejad que los niños vengan a mí’ aparece un elemento muy peculiar: el Archivo secreto.
Este Archivo contiene información sobre las investigaciones que hace la Iglesia sobre sus miembros. Sin embargo, a causa del Concordato, esta información estaría reservada exclusivamente para altos personajes del clero y de las comunidades religiosas. Su uso fuera de estos contextos estaría prohibido.
Este modelo trae dudas sobre los porqués de mantener información tan privilegiada en el momento de realizar una investigación civil. Es aquí donde el papel del Estado debe ser ayudar a las posibles víctimas, quienes serían una suerte de ciudadanos de segundo orden al no contar con esa protección especial que tienen los religiosos.
Finalmente, Barrientos, al recoger todas estas historias, pone al lector en los zapatos del otro, de aquel cuya voz ha sido opacada debido al temor, a la vergüenza o a la falta de herramientas para continuar con sus denuncias.
En todos los casos, el factor común entre quienes son abusados es su falta de recursos. Esto los convierte en personas fáciles de chantajear con un reloj, un paseo o dinero, aislándonos progresivamente hasta quedar a su suerte. Es ahí donde la familia entra para rescatar a la persona y denunciar la práctica.