El acceso al trabajo para la población trans es limitado
Martina Guerrero trabaja en servicio al cliente, en una panadería de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Ahora que lo piensa, en la universidad vivió como en una burbuja, sin discriminación. Pero hace un año, Milena (nombre protegido) se graduó de arquitecta, en la USFQ. Y -está convencida- no ha conseguido trabajo por el rechazo que viven personas transgénero como ella.
“Yo me enfrento al mundo laboral con mi título, soy bilingüe y he viajado bastante. Hace tres años trabajé unos meses en Estados Unidos, en puestos destinados a mujeres”.
Pero en Ecuador, con 23 años ha vivido experiencias que la inquietan. Por eso, como más entrevistados, cree que hay muchas peleas por dar, en este Día del Orgullo Lgbtiq (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexo y queer).
Hace un mes, una constructora de Guayaquil la contactó luego de revisar su currículum. La entrevistó un hombre, que luego de varios minutos de reunión le hizo una propuesta salarial y le habló de la fecha de ingreso. Ella estaba muy contenta. Hasta que él le consultó si esperaba ser madre pronto, por el permiso de maternidad.
Milena quiso ser honesta y le respondió que como mujer trans no podía tener hijos. Ahí terminó todo. El hombre le dijo que la llamaría y no lo hizo. “Incidió mi identidad de género”.
Algo parecido le ocurrió en el 2019, al mes de trabajar en un proyecto. Compañeras le preguntaron y les contó que es transfemenina. “Al siguiente día me despidieron, mi jefe dijo que la obra se suspendió. Pero a los meses la vi construida”.
Rashell Erazo, activista transfemenina y vocera de Alfil, confirma lo dicho por Milena. “Para mucha gente solo somos hombres vestidos de mujeres; están llenos de prejuicios contra nosotras. Por eso es más complejo encontrar empleo, más allá de peluquerías y trabajo sexual”.
La activista celebra que unas dos o tres personas transgénero estén contratadas en el sector público. Y que otras cuantas hayan conseguido empleos en lo privado. Pero lamenta que sean casos aislados. “La mayoría sigue excluida. Antes de la pandemia, nuestra situación ya era precaria”.
Rashell Erazo pone como ejemplo a MoTa & CoCa, del colectivo Pachaqueer. Ellas rompen mucho más -anota- con lo estético, esa línea lógica de la sociedad heteronormada, que nos pide comportarnos, según la biología.
“No buscamos inclusión sino reconocimiento de nuestras existencias”, apuntan ambas integrantes de Pachaqueer, que se hacen llamar “monstras terroristas del género”. MoTa & CoCa, como otras voces de colectivos Lgbtiq, piden cupo laboral trans.
Se refieren a una pelea que se ganó en Argentina. El viernes, el Senado aprobó la ley, que establece que el Estado deberá garantizar al menos 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Y otorgar incentivos económicos a quienes contraten en el sector privado.
Fernando Sancho, del Consejo para la Igualdad de Género, recordó que el Código del Trabajo ordenó la inclusión laboral de un porcentaje de personas con discapacidad en las empresas, en el 2006. Con una norma así se podría dar un cupo a los trans. Pero no conoce de un proyecto similar acá.
El Consejo -dice- hace seguimiento a denuncias por discriminación o acoso laboral.
El jueves, este Diario pidió datos al Ministerio de Trabajo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La socióloga transfemenina Nua Fuentes ha conocido sobre denuncias de trabajadores que se quejan porque no pueden usar vestimenta según su identidad de género y por términos discriminatorios. Muchos, reflexiona, no llegan al Ministerio y otros desisten.
“Somos travestis, transgénero, transexuales… que no quieren ver, escuchar ni dar acceso a estudiar y a trabajar”, reclaman. Vivían de la performance, pero están limitadas por el covid-19. Y su emprendimiento de comida rápida fue cerrado por la AMC, el 28 de mayo.
En ese contexto, desde Guayaquil, Martina Macarena Guerrero, de 32 años, apunta que tuvo suerte. Hace ocho años empezó a trabajar en Dolupa, una tradicional panadería. Lo contrataron como chico gay, pero hace cuatro hizo la transición. Y el 19 de marzo del 2017 acudió al Registro Civil, para el cambio de nombre y género en su cédula. “Hicieron una adhesión a mi contrato. No me liquidaron”.
Martín Ivanov, transmasculino de 31 años, es agente de seguros y capacitador en BMI Internacional, desde hace más de tres años. Empezó el cambio hace un año y medio y cree que lo respetan porque él se aceptó como es. Aunque admite que pudo influir que ya vieron su desempeño profesional.
“El problema es que aún no se respeta la identidad de género”, dice Madona Ortiz, quien tras 22 años de servicio se jubiló de la Policía Nacional y dos meses después empezó su vida como transfemenina.
En Santa Elena habita Mabell García, de 56 años, primera abogada trans. “No validan la capacidad. En mi peluquería doy trabajo a las chicas; todavía es compleja nuestra vida”.