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Cuatro historias de jóvenes que interrumpieron la gestación

Ana Cristina Vera, abogada de Surkuna, acompaña a las chicas en el proceso de un aborto por violación. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Sentada en uno de los sillones del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, la abogada Ana Cristina Vera revivió las historias de cuatro de las 15 chicas que interrumpieron sus embarazos. Ellas no superan los 16 años y vivieron situaciones de violencia extrema.

María -nombre protegido- es una de ellas. La niña de nacionalidad quichua tiene 10 años y durante cuatro fue víctima de violencia sexual.

Su tío aprovechaba la ausencia de los padres -quienes salían a trabajar- para ingresar a la casa. Llevaba juguetes para los hermanos y la violaba. Tiempo después se embarazó.

La niña dejó de comer y estaba desanimada, por lo que su madre la llevó al médico. Allí les dijeron sobre la gestación.
“Afrontar un embarazo a esa edad es complejo, por lo que María solicitó el aborto a las siete semanas. Pero en el sistema de salud no sabían cómo actuar; lo logró pasadas las 10”.

Posteriormente, colocaron la denuncia, pero las autoridades judiciales no han actuado. El agresor sigue libre.

Para Ana, estas historias tienen un común denominador: la falta de conocimiento. Esto -dice- es injustificable, porque la Corte Constitucional resolvió despenalizar el aborto, hace cinco meses: el 28 de abril.

En la sentencia se resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2, del Código Integral Penal (COIP). En esta norma se reemplazó la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental”, por “si el embarazo es consecuencia de violación”.

En la misma ley también se reconoce que se considera violación cuando la víctima es menor de 14 años; cuando hay uso de la fuerza, violencia, intimidación o amenazas.

“Las adolescentes que apoyamos han vivido situaciones de violencia desde la infancia; muchas veces, el agresor es parte de la familia: padrastro, padre, tíos, etc.”, recalca.

Johana y Gloria -nombres protegidos- son dos adolescentes de nacionalidad shuar. Tienen 11 años y fueron violadas por sus padrastros.

“Fueron casos muy similares. Hubo violencia extrema. Estaban muy asustadas y sentían mucho dolor corporal, producto de las violaciones”.

Las dos quedaron embarazadas y accedieron al aborto. Al igual que en el caso de María, los agresores siguen libres.
Lucía -nombre protegido- vive en una localidad alejada de la Amazonía y tiene discapacidad. Fue atacada por el trabajador de una empresa.

Su madre trató de denunciar la violación de su hija de 16 años. Sin embargo, el sistema de justicia no les daba la protección necesaria. “Están indefensas”, cuenta Vera.

Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres, considera que la falta de agilidad y de protección del sistema de justicia son un obstáculo que afrontan las víctimas de violencia. “No hay procesos rápidos; deberían tratarse máximo en un día”.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea trabaja en el proyecto de Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

La propuesta fue presentada por la Defensoría del Pueblo, el 28 de junio; fue calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura, el 17 de agosto y se tramita desde el 25 de ese mes. Hasta la fecha han recibido a más de 100 expertos, colectivos y personal de organismos internacionales.

Así han podido definir algunos nudos críticos. Entre ellos, el tiempo de gestación para la interrupción del embarazo, los requisitos para realizar un aborto y la objeción de conciencia de los médicos.

“Recogeremos los aportes y observaciones para elaborar una ley que vele por el derecho de las mujeres”, indica Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática y presidente de la Comisión.

Jhajaira Urresta, asambleísta por Pichincha e integrante de la mesa, concuerda en que en estos seis meses -tiempo establecido por la Corte- esperan tener una norma que garantice derechos. Se han escuchado posturas sobre el fortalecimiento del programa de adopción para estas situaciones.

Y se debe trabajar en la identificación de casos, ya que hay subregistro. Según la Secretaría de Derechos Humanos, al año más de 3 000 niñas menores de 14 años están siendo madres, producto de violación.

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