Defensa y rechazo al aborto por violación en el exterior de la Asamblea

Grupos a favor y en contra del aborto por violación se concentran en las afueras de la Asamblea por el primer debate de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Dos vallas colocadas a unos cuatro metros de distancia separan los colores verde y celeste en el exterior de la Asamblea Nacional. Frente a frente, los grupos a favor y en contra del aborto gritan sus consignas. 

La concentración se realiza este jueves 9 de diciembre del 2021, mientras al interior del Palacio Legislativo se instala el primer debate de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.

Cada consigna de uno de los grupos tiene una respuesta del contrario. “Sí sí sí, a la vida dile sí. No no no, al aborto dile no”, gritan los autodenominados provida. “Ahí están, esos son, los que encubren la violación”, responde el movimiento feminista

La Asamblea debate el proyecto en cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto para víctimas de violación. El plazo para tratar la ley vence el próximo 28 de diciembre.

“Estamos aquí para apoyar a la vida, decir sí a la vida y no al aborto”, dice Marina Quimbo, representante de uno de los grupos de la Arquidiócesis de Quito. La mujer considera que las niñas y mujeres violadas “tienen otra opción que no sea el aborto”. Pueden tener los niños -dice- y darlos en adopción. “También hay que castigar al violador”.

En el 2020, 142 000 mujeres abortaron, muchas de ellas en condiciones de clandestinidad, señala Sarahí Maldonado, de la red de acompañantes de aborto Las Comadres. Se trata de estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Ecuador.

Asimismo, Maldonado recuerda que en Ecuador tres de cada 10 embarazos terminan en abortos. También, que 65 de cada 100 mujeres ha vivido algún tipo de violencia y que las afro, las mestizas e indígenas son las que más enfrentan estas violencias.

De acuerdo con la encuesta sobre violencia del INEC, Maldonado señala que 24 de cada 100 mujeres ha vivido violencia sexual en su vida.  De ellas, el 97% nunca denunció, reconociendo obstáculos en los que se les pide mediación, pruebas y se les desalientan para que no denuncien, asegura. “Es un problema estructural del sistema de justicia”

De las nueve de cada 100 mujeres que ha vivido violencia sexual en los últimos 12 meses solo el 2,7% denuncia en menos de 12 meses, señala la representante de Las Comadres. “La mayoría se demora mucho más tiempo para procesar y animarse a denunciar y el porcentaje de recepción de esa denuncia es mucho menor”. 

Grupos provida en los exteriores de la Asamblea Nacional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Asimismo, de acuerdo con la gaceta del Ministerio de Salud, Maldonado sostiene que en el 2020 se registró la cifra más alta de muerte materna de la última década, con 191 mujeres que perdieron la vida, “cuando sus causas son prevenibles al 100%. Vemos una negligencia del Estado para impedir que se recrudezca la violencia estructural sobre nuestros cuerpos”.

Condiciones de precariedad y violencia sistemática son realidades de las víctimas de violación, dice Maldonado. “Las mujeres y niñas, cuando van a abortar lo hacen como sea, pero esas condiciones en la que se realizan los abortos pueden poner en riesgo su vida y su integridad”.

Para la reparación de las víctimas de violacion, David Rocha, del grupo Quiteños Provida, señala que se les debe mostrar “un camino lleno de esperanza que la ley debe respaldar”. Además, el joven de 23 años sostiene que “las familias respaldamos a las mujeres que han sido violadas. Lo hacemos con espiritualidad, con cuidado. Nunca se les deja solas”.

Por ello, señala que piden poner un alto al proyecto de ley que se trata en la Asamblea. “Paren con esta matanza a niños ecuatorianos que todavía no nacen”.

Grupos feministas en los exteriores de la Asamblea Nacional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La Asamblea no debe decidir si el aborto para víctimas de violación es legal o no, recuerda Geraldine Guerra, de Fundación Aldea y la Red de Casas de Acogida. “El aborto por violación ya es ley, Ecuador es un Estado de derechos y tienen que legislar en nombre de eso, no de la religión ni de las creencias. La iglesia tiene que estar separada del Estado”.

Los asambleístas deberían tener plena conciencia de que la violencia sexual es el mayor despojo que puede haber sobre el cuerpo de las mujeres, niñas o adolescentes. Además, de que es la violencia más brutal y una de sus secuelas son los embarazos no deseados, enfatiza Guerra.

“Después de que le rajan la cara a una niña con una navaja, le dan muchos golpes y su padre la penetra y deja embarazada, eso no podemos permitir, esa niña debe tener un acceso seguro a los servicios de atención para poder practicarse un aborto”, sostiene. 

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