Gobierno de Ecuador no avala venta de test de covid-19 en boticas

El Municipio de Guayaquil aplica pruebas rápidas de covid para el rastreo de casos en sectores como Monte Sinaí. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Ir a una farmacia, comprar un autotest, volver a casa y aplicarlo con un leve hisopado nasal. Así se pueden confirmar o descartar los casos de covid-19 en otros países. Estados Unidos, gran parte de Europa, también Argentina han autorizado la venta de pruebas rápidas en boticas, como estrategia de control.

En Ecuador el tema entró en debate a inicios de este año, con el pico de Ómicron. Ahora, con el nuevo repunte de contagios, vuelve a discutirse ¿por qué las farmacias no pueden vender pruebas caseras de coronavirus, a costos que variarían entre los USD 8 y 12? Son test de alta sensibilidad, superior al 95%, por lo que sus resultados son fiables.

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) fue la primera en presentar la propuesta a las autoridades para liberar la venta de análisis rápidos de antígenos, nasales y de autotoma. Incluso prepararon una guía sobre su aplicación. No tuvieron respuesta.

Regulaciones, un freno

Christian Frison, gerente general de Frisonex, parte del Grupo Difare y una de las primeras compañías en importar los test de anticuerpos en Ecuador, recuerda que, al inicio de la pandemia, los decretos de emergencia sanitaria frenaron la venta de pruebas rápidas en farmacias. Al comienzo, dice, la medida era aceptable porque las pruebas venían en kits de 25 o 50, y no se las podía fraccionar. Por eso solo eran distribuidas a laboratorios y centros médicos particulares.

Pero tras el primer año de pandemia, varias empresas comenzaron a solicitar el registro sanitario para los autotest. Sin embargo, las disposiciones ministeriales que lo prohíben siguen vigentes.

“La prueba rápida de antígenos funciona bastante bien, aunque se hace en casa -dice Frison-. Su propósito es tener un tamizaje eficaz, sin perder tiempo en ir a un laboratorio. Pero la inquietud del Gobierno es cómo se entera de los resultados positivos”.

Asedim incluyó un sistema informático. Se trata de una especie de aplicación de fácil uso para subir los resultados de los test adquiridos en boticas. Pero desde el Ministerio de Salud hay la sensación de perder el control de los datos, que son la base de la toma de decisiones.

El ministro de Salud, José Ruales, reconoce que el país no aplica la cantidad suficiente de pruebas, pese a que están disponibles en el sistema público de manera gratuita. Como una solución, dijo que están en contacto con los gremios médicos para transferir a los pacientes detectados en el sector privado a las unidades públicas para la aplicación de los exámenes de antígeno. “Mientras más pruebas hagamos vamos a tener una mejor imagen de lo que nos ocurre”.

Para el exministro de Salud, Camilo Salinas, resultaría más práctico emitir un acuerdo ministerial que dé paso a la venta de kits en farmacias. Eso, asegura, ayudaría a tener datos más reales de la evolución de los casos en el país.

“La efectividad de esta medida dependerá de la información que difunda el Ministerio. Por ejemplo, se podría pedir que luego de un resultado positivo en la prueba rápida se acuda a prueba una PCR como confirmatoria y así se puede llevar el registro”.

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