En esta imagen ganadora del World Press Photo 2019, una solicitante de asilo hondureña de dos años llora mientras su madre es detenida en la frontera. FOTO: John Moore / Getty Images / Efe
Miles de niños separados de sus padres luego de cruzar la frontera entre México y EE.UU. permanecen en centros de detención. Revertir esta situación tomará años.
El presidente Donald Trump lo repite siempre que puede: Estados Unidos está inundado de migrantes y solicitantes de asilo. Uno de ellos es Yanela, la niña hondureña cuyo rostro en lágrimas dio la vuelta al mundo y le significó al fotógrafo John Moore el premio World Press Photo 2019.
La imagen, obtenida en junio del 2018, logró generar una reacción general contra la política de separar a los inmigrantes indocumentados que son detenidos luego de cruzar la frontera con México junto con sus pequeños hijos, y llevó a Trump a echarse atrás en esta polémica decisión.
Las autoridades se apresuraron a puntualizar que Yanela y su madre, Sandra Sánchez, no fueron separadas y luego de pasar por varios centros de detención terminaron liberadas semanas más tarde, a la espera de una futura audiencia de asilo. Se podría decir que ambas corrieron con suerte, dadas las circunstancias.
En diferentes puntos de la geografía estadounidense, se empiezan a multiplicar los llamados centros de detención para menores, a donde hasta octubre del año pasado habían sido llevados 13 000 niños, de acuerdo con un reporte del diario The New York Times.
Reportes como el de la periodista Alice Driver para la cadena CNN muestran estos conjuntos de tiendas de campaña en desiertos baldíos; hay denuncias de que las temperaturas en verano rondan los 37 grados centígrados. Y la muerte de un niño guatemalteco de ocho años que estaba bajo la custodia del Gobierno en los primeros minutos de la última Navidad sustentaron lo que ya se venía denunciando: durante el invierno ahí pasan un frío terrible y la atención médica es poco menos que deficiente.
Ninguno de estos pequeños prisioneros de entre cero y doce años recibe algún tipo de escolarización. Y a las denuncias de que son obligados a tomar drogas psicotrópicas para manejar el trauma que supone haber sido separados de sus familias luego de afrontar todas las penurias y peligros al salir de sus países de origen, se suman datos aún más espeluznantes. Los difundió en febrero la oficina del congresista republicano Ted Deutch: hasta julio del 2018 se reportaron 514 casos de abuso sexual a menores en estos lugares, 178 de ellos por parte de quienes trabajan ahí.
Estas dependencias son administradas por las mismas empresas que manejan las cárceles federales, por lo que proliferan clamores de que detrás de la orden de construirlas está el interés de mantener un gran negocio. Las cadenas Bloomberg y Yahoo! News escarbaron en información pública y han descubierto contratos por decenas de millones de dólares, donde se puede apreciar que existen planes desde Washington para que los centros de detención operen al menos hasta septiembre del 2022.
Otros medios han pedido muchas veces acceso a estas instalaciones, pero el mismo ha sido muy limitado.
¿Una espera sin fin?
El Jefe de la Casa Blanca se retractó de la decisión de separar a las familias de indocumentados objeto de arresto en la frontera, ya las patrullas no están autorizadas a hacerlo.
Pero dar marcha atrás y reunificar a los padres e hijos que ya han sido separados resulta un proceso enredado en los laberintos burocráticos. El 6 de abril, según refiere el portal Univisión Noticias, el Gobierno de EE.UU.
anticipó a una Corte Federal de San Diego (California) que podría tomar hasta dos años identificar a miles de niños separados de sus familias antes de abril del 2018, pues ya no están bajo su custodia y no hay registro de ellos.
Un documento del Departamento de Justicia habla de 47 000 casos de menores no acompañados a los que se detuvo entre el 1 de julio del 2017 y el 25 de junio del 2018. Eso sin contar a esos niños y adolescentes que viajaron solos bajo el ‘cuidado’ de los traficantes de migrantes y de los que poco o nada se sabe a la fecha.
A pesar de que, como cita la agencia EFE, recurrirán a “conocimiento programático, análisis de registro y ciencia estadística” para acelerar el proceso, la realidad sugiere que será más difícil que buscar una aguja en un pajar.
Los indocumentados adultos que ya consiguieron salir de la cárcel bajo fianza y han introducido un pedido de asilo a lo mejor pueden ser un poco más localizables. Pero en esta categoría habrá cada vez menos, luego de que el martes pasado el fiscal general William Barr anunciara que se negará esta posibilidad y que el que busca el estatus de refugiado debe aguardar entre rejas el avance de su proceso. Y hay miles que se quedan en la clandestinidad por miedo a que los vuelva a coger la ‘migra’. Otros tantos ya han sido deportados a sus países y recuperar a sus hijos será más complicado.
Todo este complejo entramado político parece olvidar que los niños crecen muy rápido y la soledad en medio del hacinamiento de los centros de detención resulta el peor escenario para empezar en la vida. Si la intención de sus padres fue darles un futuro distinto a la pobreza y la violencia del lugar donde nacieron, el remedio resultó peor que la enfermedad, y al final será Estados Unidos quien se verá con este problema encima, porque no tendrá recursos para tenerlos ahí para siempre ni deportar enseguida a todos y muchos terminarán saliendo a vivir en su territorio, en una ilegalidad que no tendrá fin.
Acá no estamos hablando de ‘dreamers’ (soñadores), esos niños sin residencia legal que de algún modo se han beneficiado de la educación y el bienestar que forman parte del sueño americano. Estos son menores de una generación que se está quedando sin familia, sin sueños, sin destino.