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Figura de femicidio y nueva ley no frenaron violencia contra la mujer

El sábado 24 de noviembre se realizó la tercera edición de la Marcha Vivas Nos Queremos, en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El sábado 24 de noviembre se realizó la tercera edición de la Marcha Vivas Nos Queremos, en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El sábado 24 de noviembre se realizó la tercera edición de la Marcha Vivas Nos Queremos, en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Hasta el 25 de diciembre de este año, 86 mujeres fueron víctimas de femicidio en Ecuador. En el 2017 se registraron 153. Según organizaciones de la sociedad civil, eso no refleja el total de crímenes por razones de género que se cometen. Alertan porque el tipo penal, vigente desde el 2014, se aplica solo si el agresor tuvo una relación con la mujer, en algunos casos.

Esa y más preocupaciones se expusieron en el 170° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 5 de diciembre.

Delegadas de Surkuna y del Taller de Comunicación Mujer (TCM) resumieron un estudio sobre el universo de sentencias de femicidio en el país. Existe una tendencia, dijeron, en más de 20 de una muestra de 50, a inaplicar la figura. Prefieren calificarlo como homicidio preterintencional, es decir que el agresor no tuvo la intención de matar. “Pesan los estereotipos”.

También les alarma corroborar -apunta Estefanía Chávez, de Surkuna- que medidas de protección se extiendan y no se hagan efectivas. Cayetana Salao, del TCM, reiteró ante los comisionados de la CIDH, su pedido de que en el 2019 hagan una visita in loco, para que “constaten la precariedad en que las víctimas de violencia acceden a la justicia. La boleta de auxilio no surte efecto, no ayuda en la prevención”.

Además, no hay una política en torno a medidas de reparación para los huérfanos (son alrededor de 100 en 2018).

En esa audiencia, Tanya Varela, general de la Policía, habló del perfil de las víctimas: 62% vive en el área rural, 51% cuenta con educación básica; la mayoría es de 15 a 34 años. Y el Estado presentó cifras, menores a las registradas por las organizaciones. Esa es otra debilidad del sistema. Faltan datos confiables sobre femicidio.

Además, a la Coalición de Mujeres le pesa que no se haya podido aprovechar la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, por la que lucharon. Se aprobó en noviembre 2017 y cuenta con reglamento desde mayo (2018). Apenas a 47 días del finalizar el año, en un Decreto Ejecutivo se encargó las funciones del extinto Ministerio de Justicia a una Secretaría de Derechos Humanos; la subsecretaria es Rocío Rosero, miembro de la Coalición.

Una de las voceras de la organización, Cecilia Mena, señaló que “el desafío es que se articule un sistema de prevención y protección de la violencia”. Pero con un presupuesto de unos USD 600 000, para el 2019, será difícil poner en marcha la Ley.

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