El acceso de los niños a sus derechos ha mejorado mucho, pero todavía hay varias brechas que deben ser salvadas para garantizar su bienestar. Foto: Archivo/ El Comercio
El trabajo hecho en pro de mejorar los derechos de los niños y de los adolescentes es evidente e innegable, lo demuestran las cifras; pero esos mismos datos reflejan las grandes brechas que todavía persisten, vinculadas principalmente a la educación, la desigualdad, la salud y la pobreza.
El estudio sobre los avances de los derechos de este grupo de atención prioritaria, realizado por el Observatorio Social del Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Plan y Unicef, demuestra que el país mejoró en el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Pasó de tener una calificación de 4,1 sobre 10 en el 2004, a 6,5 en el 2012.
Asimismo, se redujo la pobreza en el país entre el 2000 y el 2013 en un 38%, es decir pasó de 64% al 26%, según datos del INEC, pero aún hay un 46,6% de niños que vive en esta situación.
Precisamente, este es uno de los problemas centrales porque trae consigo otros males como la violencia, la desigualdad, el poco acceso a la educación de calidad, los embarazos en las adolescentes y la desnutrición infantil.
Estos son algunos de los temas que se enmarcan en la política estatal de inversión social, que ha mejorado considerablemente. Pasó de USD 4,9 millones en el 2008 a 6,9 millones en el 2013. A esto se suma la concepción de que el Ecuador ya no es un Estado de renta baja, sino uno de renta media alta, según los parámetros de la Cepal.
Esta nueva clasificación obliga al país a preocuparse, por ejemplo, ya no solo por el acceso universal a la educación básica sino a que esta sea calidad y esté garantizada hasta el Bachillerato como mínimo.
Todavía existe un 16% de adolescentes que no está incluido en el sistema de educación. Esta cifra es relativamente baja, pero frente al 3% de niños de 5 a 14 años que sí lo están.
Según Margarita Velasco, directora del Observatorio Social del Ecuador, quien desarrolló la investigación, la educación es uno de los puntos más fuertes y en los que más se ha trabajado en el Gobierno. Por ello, se evalúa la calidad de los colegios, de la enseñanza y luego de las universidades, no obstante, todavía existen prácticas culturales y estructurales que evitan que todos los niños y jóvenes puedan estudiar y se desarrollen en un ambiente educativo adecuado. Una de ellas es la violencia que reciben en las escuelas por parte de maestros.
De acuerdo con datos del informe, el 30% de los niños entre 5 y 17 años están expuestos casi siempre a castigos violentos en los centros educativos. Tan solo en 26% de los maestros dialoga con los estudiantes para solucionar algún comportamiento inadecuado en clase.
Estas fallas en el proceso educativo tienen una causa y una consecuencia. “Es un proceso la violencia, se inicia en la casa, donde se considera ‘normal’ el castigo físico”, explicó Velasco. Esta práctica luego se replica en la escuela y los niños aprenden el mismo comportamiento.
Esto repercute en problemas psicológicos. Según datos del Ministerio de Salud, en el 2007, 3 de cada 10 niños sufría episodios de depresión y consideraron el suicidio como una alternativa a este maltrato. Incluso, en el 2011, de las mujeres entre 11 y 17 años que fallecieron, el 13% fue por suicidio, frente al 7% de hombres. En total, 471 adolescentes murieron por esta causa.
La violencia muchas veces también repercutió en embarazos no deseados, a causa de violaciones, o en convivencias con sus parejas. El 3% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años vive en unión libre o casados.
Por ello, ahora se busca que se apruebe el cambio de la edad mínima para contraer matrimonio. La propuesta de las instituciones sociales es que sea legal recién a partir de los 18 años, porque hoy en día es 12 años para niñas y 14 para niños. Esto se pidió a la Asamblea en el proyecto de reforma al Código Civil.