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¿Qué dicen rectores universitarios sobre descuentos en pensiones?

La situación de las instituciones privadas de educación superior fue tratada el lunes 27 de abril del 2020 en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La situación de las instituciones privadas de educación superior fue tratada el lunes 27 de abril del 2020 en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La situación de las instituciones privadas de educación superior fue tratada el lunes 27 de abril del 2020 en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Autoridades de las universidades particulares y de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador se reunieron con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para tratar la situación de las instituciones de educación superior privadas en medio de la crisis sanitaria.

La búsqueda de medidas urgentes que garanticen su sostenibilidad, continuidad y estabilidad laboral fueron los temas de atención prioritaria durante la reunión virtual, mantenida el lunes 27 de abril del 2020.

Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), dijo que la crisis económica es sistémica y afecta a todos los sectores del país, por tanto, la propuesta de reducir aranceles y pensiones llevaría al colapso del sistema.

“Esta medida sería catastrófica e impactaría en la limitación significativa de becas, la baja de la calidad por la salida de profesionales, disminución de recursos para la investigación, además que se calcula que un 54% de alumnos no se matricularía el próximo semestre”.

Ponce comentó que han establecido facilidades de pago, considerando la realidad socioeconómica de cada estudiante. El Rector propuso que el Estado complemente este tipo de acciones, mediante el otorgamiento de créditos a favor de estudiantes de los centros públicos y privados, los que deberían cancelarse una vez que terminen la carrera.

Joselito Otañez, de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos (Fepupe), llamó a impulsar un moratoria de la deuda externa, a cobrar a los evasores de impuestos y a que haya equidad en la contribución por parte del sector público y privado, sin vulnerar derechos.

La asambleísta Jeannine Cruz, encargada de la conducción de la sesión, anunció que la mesa trabajará inmediatamente en una propuesta alternativa, recogiendo el sentir de las instituciones de educación superior, de la Fepupe y de otras organizaciones.

Estas –dijo– serán trasladadas a la Comisión de Desarrollo Económico que trata el proyecto de Ayuda Humanitaria. Mencionó que se busca evitar una posible deserción estudiantil y despidos de docentes y personal administrativo.

Previamente, la Comisión de Educación abordó la problemática de los becarios en el extranjero, para lo cual recibió a Ramiro Moncayo, director del Instituto de Fomento al Talento Humando (IFTH) y a representantes del sector.

Moncayo explicó que luego de superar inconvenientes con el sistema que maneja el Ministerio de Finanzas, a partir del 4 de abril se restablecieron los pagos, desembolsando recursos en beneficio de 525 becarios ecuatorianos en el extranjero.

Además señaló que hasta la segunda semana de mayo se prevé atender a la totalidad de 1 200, tomando en cuenta las pertinentes solicitudes. Se ha priorizado la entrega de dineros específicamente para rubros de manutención y salud, en virtud de la crisis, agregó.

El director del IFTH indicó que han tomado contacto con 236 universidades internacionales, para llegar a compromisos de pago respecto de matrículas y aranceles, para garantizar la estancia de los compatriotas. También se refirió a los contratos de terminación de la beca por mutuo acuerdo, para lo cual el Gobierno se hará cargo del pasaje de retorno y quien aplique no tendrá que devolver el recurso entregado con anterioridad, dijo.

Vinicio Moya y Karla Rodríguez, representantes de las organizaciones de becarios, aseguraron que la demora de pagos se ha vuelto permanente y que hay retrasos de seis y hasta 10 meses. Hoy entraron en una condición de agravamiento por efectos de la pandemia, señalaron.

“Las respuestas del Instituto son lentas e inoportunas sobre la documentación y justificación que presentamos, por lo que ellos son los responsables del problema no nosotros” Los representantes de los becarios no descartaron la posibilidad de acudir a organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos.

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