El lunes 16 de abril del 2018, la Comisión Aampetra analizó el informe sobre el control político realizado a las instituciones de la Funcion Judicial respecto a las acciones para combatir la violencia sexual en el sistema educativo. Foto: Flickr/ Asamblea Nacional del Ecuador.
La tarde de ayer lunes, 16 de abril del 2018, la Comisión Aampetra sesionó para analizar el informe de control político al sistema judicial por los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional, adelantó que el informe indagó en la actuación de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública.
En las conclusiones del informe, se expuso que de las 4 864 denuncias de delitos sexuales contra menores de edad , 714 (15%) ocurrieron dentro del ámbito educativo.
De esos 714 casos registrados en los últimos tres años, con corte hasta septiembre del 2017, únicamente el 31% había sido judicializado. Dentro de ese porcentaje, solo en el 15% de denuncias se logró una sentencia.
En el informe de la Comisión se pide al Consejo de la Judicatura tomar los correctivos para “que estos bajos porcentajes no se traduzcan en impunidad“.
En el documento se indica que más del 60% de casos no llegaron a judicializarse, además que existe un muy bajo índice de causas sentenciadas. Por lo que las autoridades separaron a 50 funcionarios judiciales, hasta septiembre del 2017.
Salgado solicitó una mejor articulación del sistema judicial, para identificar razones por las que las denuncias no llegan a judicializarse. En ese sentido, se plantean reformas para lograr el denominado Sistema Nacional de Protección a la Niñez.
Héctor Muñoz, asambleísta y miembro de la Comision Aampetra, sostuvo que en el país el número de denuncias no refleja la cantidad de casos que puede existir. “Organizaciones internacionales dan cuenta de que en estos casos, solo el 10% se denuncia”.
Según Salgado también se identificó que la Defensoría Pública actúa solo en los casos que se le notifican. “Por eso se pide una mejor articulación porque hay víctimas que no pueden acceder a este recurso”.