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Corte Constitucional tiene última palabra sobre equiparación salarial docente

CC definirá destino de la LOEI, en la que constan normas para la equiparación salarial, mientras tanto la UNE ratifica movilizaciones. Foto: Twitter de @UNENACIONAL

El veto total por inconstitucionalidad a las reformas sobre equiparación salarial docente, contenidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), fue enviada a la Asamblea Nacional el 14 de abril del 2022 y debe pasar a la Corte Constitucional (CC). Este organismo tiene tres opciones de resolución.  

La CC puede acoger el veto total del presidente Guillermo Lasso. “Al acoger el veto total por razones de constitucionalidad, indiscutiblemente la ley queda paralizada, ya no habría esta reforma”, explica el constitucionalista Ismael Quintana. Es el único camino con el cual Lasso pudiera bloquear la vigencia de esta ley, precisa. 

Otra opción es que acepte parcialmente el veto, al analizar que algunas objeciones son válidas y otras no. Según el constitucionalista, “la CC no está obligada a acoger el veto de la forma en la que el Presidente envió. Podría decir que algunas (objeciones) no son inconstitucionales”. 

Una tercera opción es que deseche el veto total, si estima que no tiene fundamento. Con esta última alternativa, “la ley entraría en vigencia tal como se la aprobó en segundo debate en la Asamblea Nacional”, dice el jurista.  

El asambleísta Darwin Pereira, de la Comisión de Educación, dice que al ser un veto total no permite el tratamiento de la ley hasta dentro de un año. Pero eso depende de lo que resuelva la CC.   

El artículo 139 de la Constitución da plazo de 30 días, desde que se formula el veto, para que la CC emita  dictamen.  

Antecedentes  

La CC, en una sentencia del 11 de agosto del 2021, ordenó a la Asamblea Nacional subsanar algunas omisiones en la LOEI por tener vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, establecer las fuentes de financiamiento para aumentar las remuneraciones de los docentes. También determina ajustar los cambios con base en un análisis de factibilidad financiera, coordinados con el Ejecutivo.  

El Legislativo aprobó como fuentes de financiamiento a los ingresos adicionales por el incremento del precio de barril de petróleo, el aumento de las recaudaciones tributarias y el restablecimiento del presupuesto para la educación.  

Sin embargo, el Gobierno señala en el veto que la Asamblea no cumple con la sentencia porque la ley no cuenta con el informe favorable del Ministerio de Finanzas. Esta Cartera de Estado, según el veto, aseguró que los ingresos corrientes del presupuesto del Estado “son insuficientes” para cumplir con el nuevo gasto permanente. Que las fuentes propuestas por la Asamblea no son permanentes sino fluctuantes.  

En ese sentido, el presidente Guillermo Lasso insta a la CC que al resolver su objeción no exija a la Asamblea rectificar los textos porque esta insistirá en la vigencia de la ley, con base en “razones políticas y no técnicas”.  

Reacciones al veto  

La Comisión de Educación es la que dio tratamiento a las reformas de la LOEI para la equiparación salarial. Fernando Medina, presidente de la mesa legislativa, emitió un comunicado este 15 de abril. 

Asegura que en reiteradas ocasiones la Comisión solicitó a Finanzas información, “sin embargo, han pasado nueve meses y no ha cumplido, ni tampoco ha demostrado el mínimo interés por el sector educativo”.

Hace un llamado a la CC para que revise lo actuado por las instituciones y se efectivice “los derechos del magisterio nacional”.  

Por otro lado, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, ratifica las movilizaciones del 28 de abril y del 1 de mayo para exigir que se cumpla con la equiparación salarial.

También pedirá a la CC que de seguimiento a lo que ordena en la sentencia del 2021. De momento, el equipo jurídico del gremio analiza el veto para tomar acciones legales.  

Insiste en que, si no hay equiparación salarial, se activará el pedido de destitución de Lasso por incumplimiento de la sentencia

Al respecto y conforme a la misma sentencia, el jurista Quintana señala que “si la UNE cree que hay un incumplimiento, (la demanda) es realmente en contra de la Asamblea, que ha legislado, como ya dijo la CC, generando una promesa falsa”.