Once horas duró la audiencia de los representantes legales de los 22 alumnos investigados del Colegio Montúfar con la Junta Metropolitana de Protección de Derechos (Compina), el 24 de marzo pasado. Ese organismo resolvió convocar a una nueva audiencia para el viernes 8 de abril de 2016 y solicitar un análisis técnico de los alumnos en torno a su situación académica.
En la reunión, los representantes legales y abogados de los alumnos que fueron investigados por el Ministerio de Educación, tras las protestas del 15 y 16 de febrero, presentaron ante la Compina sus versiones y las sanciones que les definieron.
La Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Educativo Eloy Alfaro resolvió suspender por 30, 20 y 15 días a 12 estudiantes. Ellos se reincorporarán a las clases este lunes 28 de marzo. Otros ocho estudiantes deberán ser reubicados y el proceso de investigación seguirá para dos alumnos más a quienes se les aceptó sus pruebas de descargo.
Uno a uno los representantes relataron su versión de los hechos ante los miembros de la Junta. Los alumnos también dieron sus testimonios ante los técnicos de la Junta de la Niñez y la Adolescencia. Según Carla Cevallos, concejala de Quito y presidenta del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina), el objetivo de esta audiencia fue determinar si se vulneraron los derechos de los menores con las sanciones y en el proceso para establecerlas.
Luego de recopilar todas las declaraciones, la Junta de Protección de Derechos resolvió convocar a una audiencia de presentación de pruebas a los 22 representantes legales para el viernes 8 de abril a las 9:00, en el Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas, en Quito.
Además, sus integrantes solicitaron a Ximena Salgado, rectora del Colegio Montúfar; y José Drouet, presidente de la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Eloy Alfaro; que presenten copias certificadas de los procesos llevados en contra de los alumnos. En el caso de Salgado serán los expedientes de las audiencias que realizó con los estudiantes y por Drouet las resoluciones de las sanciones.
Finalmente, la Junta de Protección instó al Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro, otra entidad adscrita al Municipio de Quito, a que realice una estudio técnico sobre la situación académica de los alumnos, es decir, si la suspensión por más de 30 días influenciará en su rendimiento escolar. Con estos insumos se determinará si hubo vulneración de derechos o no.
Annabell Guerrero, abogada de varios de los estudiantes involucrados, mencionó que hasta la mañana de hoy, viernes 25 de marzo de 2016, la resolución de sanciones todavía no ha llegado a cinco alumnos de los 22 y que los ocho reubicados todavía no han sido notificados sobre el nuevo colegio al que deberán asistir. Pese a que la Junta de de Resolución de Conflictos, el 23 de marzo, fijó un plazo de 24 horas para establecerlo.