Sobrevivientes trans no quieren morir sin reparación del Estado

El cupo laboral trans es una de las exigencias que la población Lgbtiq+ mantiene activa. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.

Son sobrevivientes de los años 80 y 90. Las Coccinelle no solo fueron discriminadas, sino también perseguidas, arrastradas, encarceladas, torturadas y violadas por su identidad y expresión de género. Estas mujeres trans ya tienen más de 60 años y no quieren morir sin reparación.  

Por eso, en el 2019 se reencontraron y formaron la organización Nueva Coccinelle. Pusieron una demanda contra el Estado por crímenes de lesa humanidad, pero no hay respuesta a sus pedidos. 

La denuncia la pusieron en un día como este 17 de mayo del 2022, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Con ese motivo, colectivos trans acudieron este martes a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para exigir que se dé tratamiento a la demanda de la Nueva Coccinelle. 

“Estamos muriendo una a una, pidiendo reparación y justicia”, dice Nebraska Montenegro, presidenta de la organización. A sus 66 años, cuenta que sobrevive de la venta de sánduches y comida en la puerta de su vivienda. “Hoy, los policías que nos apresaban y nos torturaban han de estar gozando de su jubilación y nosotras no tenemos ni siquiera un trabajo digno, educación o salud, porque hasta en los hospitales todavía siguen las discriminaciones”. 

Mujeres trans que sobreviven hasta la actualidad han formado emprendimientos o trabajado en peluquería, cuenta Nebraska. Pero el paso de los años las ha dejado en el desempleo. “Compañeras de la tercera edad que no tienen trabajo están en las calles, limpiando carros”. 

Voces de sobrevivientes 

Ximena, Muñeca, Ana Carolina y Sandra son parte de la Nueva Coccinelle y aseguran que lucharán hasta donde sus fuerzas les permitan para pedir justicia y reparación. “Ya es hora, no queremos limosna, sino todo lo que necesitamos, después de tantas muertes y abusos de la Policía”, dice Ximena, de 65 años. 

Muñeca, de 77 años, está cansada. Su brazo debilitado ya no le permite hacer cepillados, así que ya no le dan trabajo en ninguna peluquería. Recuerda todos los abusos que sufrió antes de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Dice que tiene muchos malos recuerdos. Prefiere no mencionarlos y mostrar las cicatrices que la tortura policial dejó en su rostro. “Los policías eran unos malditos, a una le cogían por gusto porque soy homosexual”. 

Ana Carolina quiere acceder a un trabajo digno como cualquier ciudadana. “Soy una más de las víctimas de la Policía en ese tiempo. Hubo tanta represión. Por eso pido mi derecho al trabajo y a un bono para que haya reparación por parte del Estado”. 

Con voz firme, Sandra recuerda que fueron llevadas a los calabozos de un retén en el sur de Quito. Les hacían eso para que sean violadas, cuenta. “Nos botaban agua en el piso para que nos coja la corriente. Eso no se hace a los humanos. También somos discriminadas cuando vamos al colegio, a la universidad, nos ven como animales raros. ¿Por qué? Si todos somos personas, somos hijos de Dios”. 

Los pedidos 

A través de la demanda se exige reparación para las sobrevivientes por crímenes de lesa humanidad, señaló Malony Chávez. Ella es representante de las trabajadoras sexuales trans de Quito y vicepresidenta de la Nueva Coccinelle.  

“Los crímenes cometidos por la Policía Nacional no pueden ser leídos y analizados desde los actos individuales, ya que hasta el año 97 ser homosexual era un crimen penado con cárcel. Eso significa que el Estado era el ente regulador de la tortura, la persecución y criminalización a las mujeres trans y travestis”, dice. 

El proceso legal lo ha acompañado la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Su asesora legal, Sofía Llerena, dice que durante el primer año de la pandemia hubo un retraso gigante y no se llevó a cabo ninguna diligencia. “Posteriormente tuvimos algunas versiones y peritajes. Hemos exigido más pero no hemos tenido una respuesta del Estado ni una participación en la investigación”. 

Al tratarse de delitos de lesa humanidad, la abogada explica que se busca una reparación integral para las víctimas. Esto incluye reparación material. “La mayoría de las víctimas sobrepasa los 60 años, lo que significa que van a entrar a un grupo vulnerable. Por eso solicitamos que puedan tener una vida digna. Que tengan acceso a salud pública, a una jubilación, a vivienda digna”. 

El Frente ‘Nueva Coccinelle’ demanda por lesa humanidad al Estado ecuatoriano. La homosexualidad fue despenalizada en…

Posted by El Comercio on Saturday, May 18, 2019

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