Centro clandestino que se incendió en Guayaquil incumplía al menos 3 artículos de la Ley Orgánica de la Salud

Las calles 25 y la I, en el Suburbio oeste de Guayaquil, donde funcionaba el inmueble como centro de rehabilitación, fueron cerradas por el incendio.

Las calles 25 y la I, en el Suburbio oeste de Guayaquil, donde funcionaba el inmueble como centro de rehabilitación, fueron cerradas por el incendio.

Las calles 25 y la I, en el Suburbio oeste de Guayaquil, donde funcionaba el inmueble como centro de rehabilitación, fueron cerradas por el incendio. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Cuando ocurrió el incendio, más de 30 personas permanecían hacinadas en la Clínica de Rehabilitación para Consumidores de Alcohol y Drogas ‘Por una nueva vida’. El inmueble del suroeste de Guayaquil, en donde murieron 18 personas, había obtenido un permiso de funcionamiento el 15 de junio de 2017 y caducó un año después. El documento otorgado por la desaparecida Dirección de Salud del Guayas indicaba que el centro únicamente tenía capacidad para 14 usuarios.

Aunque gran parte de las pruebas se quemó el pasado 11 de enero de 2019, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) abrió un proceso administrativo contra el administrador del establecimiento. La entidad ha detectado al menos tres infracciones a la Ley Orgánica de la Salud.

Francisco Vallejo, director ejecutivo de Acess, indicó que el centro no había retomado los trámites para entrar en el licenciamiento, un proceso que a más del permiso de funcionamiento sumó otros requisitos para los centros especializados en el tratamiento de adicciones.

“Después de eso (del permiso de 2017) no hicieron ningún trámite para renovar el permiso de funcionamiento. El proceso anterior quizá era más sencillo; tampoco se hacían las inspecciones, como lo hacemos ahora”, aseguró el director ejecutivo.

El artículo 130 de la Ley Orgánica de la Salud indica que todos los establecimientos sujetos a control sanitario deben tener permisos otorgados por la autoridad sanitaria nacional. Jessenia Luna, directora de procesos sancionatorios de la zona 8, señaló que por esta infracción se aplicará al sitio del siniestro una multa de cinco salarios básicos (USD 1 970).

El lugar además incumplió el artículo 97, relacionado con el manejo de desechos; y el 185, en el que se menciona que los “servicios de salud funcionarán, de conformidad con su ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional de la salud”.

Aunque se abrió el expediente, el proceso por ahora está suspendido debido a que su administrador tiene prisión preventiva. La Fiscalía del Guayas investiga a Orlin Octavio B.A. y a otra persona más por el presunto delito de homicidio. Y se tiene previsto que a fines de este mes se haga la reconstrucción de los hechos.

“No se quedará sin sanción. Por ahora se suspende el trámite administrativo. Al estar detenido es difícil hacer notificaciones para que comparezca. Hay que analizar la parte jurídica para tramitar este proceso”, indicó Luna.

Acess se encarga de la vigilancia de más de 600 tipos de establecimientos de salud. Los centros de tratamiento a personas con adicciones son solo una parte. El año pasado clausuraron 64 establecimientos clandestinos de este tipo; 29 se ubicaban en Guayaquil.

Su director ejecutivo indica que por ley únicamente pueden clausurar los centros que no tienen un correcto manejo de desechos, donde encuentren medicina caducada y que no cuenten con profesionales médicos. Sin embargo, en la propuesta de Código Orgánico de la Salud se plantea que también sean cerrados por falta de permiso de funcionamiento; por ahora solo pueden imponer multas por esta causa.

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