Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Entrevista a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social
Como titular de la Cartera de Inclusión y con su visión de ‘niñóloga’, ¿qué sensación le produce ver a diario a niños venezolanos en brazos de familiares, pidiendo caridad?
Evidentemente me afecta en lo humano, luego de trabajar tantos años por la erradicación de la mendicidad. Yo comencé a mirarlos un día al salir de la plataforma sur, como a las 21:00. Era un padre con un niño en brazos. Y de otro lado, estoy haciendo que la maquinaria institucional responda a ese problema.
¿Con qué datos cuenta?
El último dato migratorio dice que hay cerca de 250 000 venezolanos viviendo en Ecuador. Y según Unicef, entre enero y abril, 57 000 niños ingresaron; se calcula que el 34% se quedará.
¿No hay 80 000 niños venezolanos, como se dijo el año pasado?
No, unos 20 000 se han quedado en Ecuador este año. Y es imposible saber cuántos están en la calle, en situación de mendicidad. Debemos montar operativos, para llevarles servicios como salud.
En Ecuador no está permitido usar a los niños con fines de mendicidad. Pero Venezuela vive una crisis humanitaria, ¿qué hacer?
En Ecuador la trata es un delito penado hasta con 22 años de prisión y si se muere el niño, puede llegar a los 26 años. Pero no podemos criminalizar un hecho social. Ese país se vio enfrentado a una estampida prácticamente.
¿Y usted qué hace cuando los ve, les da dinero?
Al salir de Carondelet, el martes vi a una pareja joven con un niño de un año y medio. Viven en El Tejar. Mi acción casi personal fue preguntarles por qué no lo han inscrito en un centro de desarrollo infantil. Temen por su situación migratoria. Como MIES nos hemos enfocado en la ayuda humanitaria, acompañamos a 968 niños.
¿Qué han hecho?
Trabajamos en la reunificación familiar y en vigilar la situación de niños que vienen solos, o con uno de los padres y no se sabe si el otro autorizó el traslado. Revisamos eso en Rumichaca, Tulcán, San Miguel y en Huaquillas. Hay protocolos internacionales. Identificamos a un chico de 16, sometido a explotación sexual en el trayecto, ya está en un albergue en Guayaquil.
¿Han monitoreado los casos de mendicidad?
Sí, desde hace tres semanas, en Quito y Guayaquil; ya estamos en Cuenca, vamos a ir a siete ciudades. Los primeros datos me alarmaron más todavía. Estoy coordinando con otros ministerios.
¿Qué hallaron en Quito?
En unas 468 familias, el 78% de los ubicados en el monitoreo, los niños no van a la escuela; hay una mínima cantidad, 21%, que asiste a clases. En Guayaquil, el 60% no accede a educación. En la capital, el 51% planea quedarse y el 43% de ellos tiene visa de turismo. Solo 2% cuenta con residencia permanente.
¿Cómo usarán esa información que han obtenido?
Para ayudarlos, porque requieren información sobre a dónde acudir, si buscan centros de salud, educación, cuidado diario, migración. Aprovecharemos el inicio de inscripciones en la Sierra. Pero no podemos criminalizarlos, a menos que descubriéramos un fin de explotación. Lo que están haciendo estas familias es tratar de sobrevivir.
¿No están en mayor riesgo frente a la trata?
La trata en el país es un asunto gravísimo, hubo 250 casos en el 2018. Hay más riesgo porque están en las calles hasta la noche.
¿Qué necesitan?
Una modalidad diferente de servicios de acompañamiento psicosocial y legal, les preocupa saber si pueden acceder al estatus de refugiado, a una visa de trabajo; para los niños de 3 a 10 años hay que crear un servicio distinto, en horarios vespertinos y nocturnos, con cuidado, recreación, alimentación.
¿Cuánto costaría eso?
Unos USD 410 000, no es mucho dinero.
¿Eso incluye montar esos centros especiales?
No. Trabajar con una red de organizaciones, de lo contrario no sería posible, tenemos previstos cooperantes, por ejemplo Hogar de Cristo y Caritas, en Guayaquil; Hermanas Oblatas, de Cuenca. En Quito, Adra. También tuve una cita con el alcalde (Jorge Yunda). Hay un tema de xenofobia por enfrentar. En la terminal terrestre de Carcelén, una señora me contó que a veces se duermen en una carpita y a las 05:30, los vendedores de puestos formales les lanzan agua.
¿Qué tipo de ayuda esperan de las alcaldías?
Hay que trabajar porque no se trata de empezar con un proceso de ‘limpieza’, para preservar el ornato de las ciudades. La protección de los derechos de los niños está en la normativa nacional, no importa si son migrantes.
¿Se requiere colaboración de toda la región?
La inserción educativa y de salud no implican un costo enorme. Pero eso sí, el Banco Mundial calcula que el costo de trabajar con quienes se quedan pueden implicar unos USD 500 millones.
Su trayectoria. 35 años en temas de niñez. Dirigió el Consejo Nacional de Menores de 1991 a 1994 y el Innfa; asesoró reformas constitucionales y fue subsecretaria del MIES.
Su pensamiento. Hay que trabajar con autoridades locales, no podemos empezar una ‘limpieza’ por el ornato de ciudades.