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Las audiencias disciplinarias en el Montúfar serán hasta el 11 de marzo

Los estudiantes del Colegio Montúfar estuvieron acompañados por sus familiares o padres, para asistir al proceso administrativo por las protestas estudiantiles. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO

Los estudiantes del Colegio Montúfar estuvieron acompañados por sus familiares o padres, para asistir al proceso administrativo por las protestas estudiantiles. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO

Los estudiantes del Colegio Montúfar estuvieron acompañados por sus familiares o padres, para asistir al proceso administrativo por las protestas estudiantiles. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO

El futuro de los estudiantes suspendidos del Colegio Montúfar se definirá tras las audiencias que comenzaron esta semana. Se trata de un proceso administrativo y disciplinario en contra de los alumnos que supuestamente participaron de las protestas violentas que se registraron el lunes 15 y martes 16 de febrero.

La mañana de este jueves 3 de marzo, la audiencia se inició a las 09:00. Una hora antes llegaron los delegados del Ministerio de Educación y del Distrito Educativo. A las 08:30 arribaron al plantel dos representantes de la Defensoría del Pueblo. “Estamos aquí para vigilar que se cumpla el debido proceso”, dijo uno de los defensores.

Para que los alumnos y representantes puedan ingresar, un requisito obligatorio para indicar la cédula de identidad. Un guardia confirma en una lista el nombre de los alumnos que están citados; son cuatro por día, dos en la mañana y dos en la noche.

A las 09:15 llegó un estudiante, junto con su madre. No estaban acompañados de abogado ni tampoco testigos. “El lunes nos citaron para hoy, es decir que tuvimos dos días para preparar algo y no nos explicaron cómo es este proceso”, se quejó la madre del alumnos.

En total son 22 alumnos del Montúfar y uno más que pertenece al colegio UNE. Ellos fueron aislados el pasado 15 y 16 cuando los alumnos protestaban por la reubicación de un grupo de maestros.

La siguiente audiencia de hoy se realizará a las 11:00. Esta vez, Alexander, de 15 años, será sometido a los cuestionamientos de los miembros de una junta de resolución de conflictos, conformada por un representante del Departamento de Consejería Estudiantil, la Rectora y el personal del Ministerio de Educación. El objetivo es establecer si efectivamente los investigados estuvieron o participaron en las manifestaciones.

“Ellos tiene un testigo contra mí, quien supuestamente me vio en la protesta, pero yo sé que soy inocente”, comenta Alexander. Él argumentará que el 16 de febrero asistió a un partido de fútbol del equipo Sub 16 y que fue aislado por los policías en el coliseo donde se realizo el encuentro. Incluso este joven llevará un abogado e intentará defenderse y no ser reubicado en otro plantel, una de las medidas que se pueden tomar.

Según los padres que fueron llamados a estas diligencias, la resolución que se tome se les comunicará dos o tres días después de la audiencia. Mientras tanto, los estudiantes seguirán suspendidos y recibirán clases mediante tareas enviadas a casa y tutorías por las tardes.

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