José María Veramendi, integrante de la misión de AI que, se reunirá el próximo lunes 9 de marzo de 2020 con autoridades de la Fiscalía del Estado, a la que exigen avances en las investigaciones de las denuncias por amenazas contra cuatro mujeres amazónicas. Foto: Archivo EL COMERCIO
Una misión de Amnistía Internacional (AI) visita Ecuador para mantener contacto con sus autoridades y exigir una política de protección sobre defensoras de derechos humanos, así como avances en la investigación de varios casos de activistas amazónicas amenazadas de muerte.
Así lo reveló este domingo a EFE José María Veramendi, integrante de la misión de AI que el próximo lunes 9 de marzo de 2020 se reunirá con autoridades de la Fiscalía del Estado, a la que exigen avances en las investigaciones de las denuncias por amenazas contra cuatro mujeres amazónicas.
Veramendi indicó que se trata de las denuncias presentadas por Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, del colectivo Mujeres Amazónicas, quienes recibieron amenazas de muerte por defender los territorios de comunidades indígenas de actividades extractivistas (petróleo y minería).
Esas amenazas, señaló la integrante de AI, ocurrieron durante 2018 y principios de 2019, cuando la ONG internacional presentó un informe sobre la situación contra las activistas, relacionadas con las acciones de defensa de su tierra y la naturaleza.
Las víctimas “presentaron denuncias y éstas no han sido investigadas adecuadamente”, remarcó Venamendi al alertar de que, a la fecha, “no se ha registrado ningún avance en ninguna de las investigaciones”.
El informe de AI sobre estos casos recomienda al Estado diseñar una política pública de protección de defensores de derechos humanos, además de que la Fiscalía “cuente con un protocolo de investigación” para este tipo de casos.
Por ello, la misión de AI entregará al Ministerio Público ecuatoriano “más de 250 000 firmas” de apoyo, recogidas en todo el mundo para exigir avances en las investigaciones, recalcó la comisionada.
“Esperamos que pueda haber un compromiso para continuar y diseñar esta política pública“, agregó al señalar que la misión de AI también tiene previstas reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y con la Defensoría del Pueblo.
Según Venamendi, en general la situación de las defensoras de derechos humanos en Ecuador es “preocupante”, no sólo porque existan estos ataques, sino por la inacción del Estado para atender con premura este tipo de casos.
La falta de una acción estatal, dijo, “genera temor” en las personas y un ambiente inseguro y de “miedo” en defensores amenazados “por la labor que realizan”.
El protocolo que sugiere AI a Ecuador, incluso podría ser “aplicado a nivel nacional” y ya ha sido puesto a prueba en otros países como Guatemala, añadió Venamendi.