César Cordero era investigado, desde abril pasado, por El Vaticano y la Fiscalía de Azuay. Contra él pesan seis denuncias de personas –mayores de 50 años- que supuestamente fueron abusados cuando eran niños y estudiaban en escuelas de la capital azuaya que él regentaba. Foto: Xavier Caiviangua para EL COMERCIO
Los familiares de quienes denunciaron al sacerdote César Cordero por abusos sexuales llegaron la mañana de este viernes 5 de octubre de 2018 a la Arquidiócesis de Cuenca. Su objetivo fue conocer detalles de la sanción impuesta por El Vaticano y que contempla la expulsión de la Iglesia.
Ellos dijeron que utilizarán esa sanción en el proceso judicial que avanza de forma paralela en la Fiscalía de Azuay. Desde abril de 2018, la Vicaría Judicial de El Vaticano investigaba a Cordero por seis denuncias de abusos sexuales a menores de edad, hechos registrados hace más de 50 años en escuelas religiosas de Cuenca que él regentaba.
La indagación la realizó Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. En mayo de 2018, él estuvo dos semanas en Cuenca y Quito y se reunió con los denunciantes, familiares, autoridades religiosas y el implicado.
La sanción llegó la tarde del jueves 4 de octubre de 2018 y la Arquidiócesis de Cuenca y a su vez remitió al involucrado. En el documento –que no es público- se ordena la expulsión del sacerdote. Esto implica que se le retira los hábitos y “que nunca más podrá oficiar misa”.
María P., hermana de la primera persona que denunció el caso, dijo que como familias se sienten tranquilos porque nadie mintió y que por eso el tiempo les dio la razón. “La Iglesia nos escuchó y hubo los elementos necesarios para la de esta mala persona”.
La Curia cuencana no emitió ningún pronunciamiento público este viernes 5 de octubre. La reunión con los familiares fue reservada. Las investigaciones en la Fiscalía de Azuay continúan.