A través de un comunicado, los trabajadores del cine y el audiovisual ecuatoriano se declararon en situación de emergencia, Foto: Twitter/ Cultura Ec.
Hasta el 1 de febrero del 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver el veto parcial enviado por el Ejecutivo, con 26 objeciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). A través de un comunicado, los trabajadores del cine y el audiovisual ecuatoriano se declararon en situación de emergencia, tras conocer la intención del Ejecutivo de derogar el artículo 98 de dicha ley, que regula la producción y pauta de los productos publicitarios en los medios de comunicación.
El artículo 98 “prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras” y además establece las condiciones sobre la titularidad de las empresas nacionales y el porcentaje de personal ecuatoriano que debe participar en cada producción. El argumento expuesto por el Ejecutivo para la derogatoria sostiene que dicho artículo se contrapone a la normativa contemplada en acuerdos internacionales.
Daniel Andrade, representante de la Asociación Ecuatoriana de Técnicos Cinematográficos, asegura que se trata de un “argumento débil” y dice que en conversaciones con autoridades del Ejecutivo y Legislativo se demostró que se pueden negociar excepciones en cualquier tratado comercial. Citó como ejemplo el TLC entre Colombia y Estados Unidos, que contiene cuatro excepciones culturales, como la cuota de pantalla para televisión abierta.
Este es solo uno de los argumentos presentados por el sector audiovisual a través de un comunicado firmado por nueve gremios. En el documento también se aclara que el Ecuador es parte de la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales de la Unesco, que le permite crear este tipo de excepciones.
Además, en el texto se señala que el veto presidencial sería inconstitucional porque vulnera el artículo 19 de los derechos de comunicación e información de la Constitución, sobre el fomento y creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. También se cita la supuesta inadvertencia del Gobierno sobre la “prioridad que el cine y el audiovisual ecuatoriano tienen dentro de la Ley de Fomento Productivo”.
Para Daniel Andrade, la aplicación del artículo 98 ha impulsado el desarrollo y crecimiento de un sector productivo estratégico. “Hay un estimado de que en los últimos cinco años, la mitad de las empresas más grandes que producen publicidad en el Ecuador han movido más de USD 100 millones. Un sector que antes de la vigencia de la ley no movía más de tres o cuatro millones”.
El crecimiento, dice Daniel Andrade, no ha sido solo económico, sino que está vinculado a la generación de empleo, oferta de productos y servicios profesionales, oferta y demanda de capacitación y profesionalización en distintas áreas del audiovisual. El técnico y cineasta asegura que hay un estimado de al menos 5 000 personas que dependen económica de este tipo de producción, sin contar con otro tipo de oficios vinculados, entre los que enumera la carpintería, transporte, mecánica, catering, etc.
Mariana Andrade, representante de la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador (Copae), asegura que el reclamo del sector también está relacionado con el deterioro y debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual como instituciones representantes, que se evidenciaría en recortes presupuestarios y la falta de aplicación de mecanismos de fomento estipulados en leyes y reglamentos.
Ambos representantes gremiales coinciden con que el artículo 98 debe mantenerse inalterable en la Ley de Comunicación al menos por cinco años más, el cual sería el plazo estimado para que la industria audiovisual se consolide y alcance un nivel de competitividad regional.
El pasado jueves 24 de enero del 2019, los trabajadores del audiovisual realizaron un plantón en el que colocaron zapatos y hojas con nombres y mensajes de rechazo a la posible derogatoria, actores, directores, técnicos y otros trabajadores han expresado su opinión a través de videos publicados en redes sociales y existe una campaña de recolección de firmas de apoyo en la plataforma www.change.org, que hasta el lunes tenía 10 300 firmas.
Daniel Andrade explica que, durante esta semana, representantes de los diferentes gremios siguen en una campaña activa de diálogo con miembros del Legislativo, con el objetivo de lograr un consenso mayoritario que impida la derogatoria.