14 de abril de 2019 00:00

Reducir el IVA es acentuar el estancamiento económico

El “poner dinero en manos de los consumidores” conlleva necesariamente un mayor déficit fiscal que habría que financiar, lo cual es difícil. Foto: EL COMERCIO

El “poner dinero en manos de los consumidores” conlleva necesariamente un mayor déficit fiscal que habría que financiar, lo cual es difícil. Foto: EL COMERCIO

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Augusto de la Torre*
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Una propuesta popular es reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para reactivar la economía. Esta propuesta ha unido a la derecha (los libremercadistas) y a la izquierda (los intervencionistas).

Ambos defienden la hipótesis de que una reducción del IVA que “ponga más recursos en manos de los consumidores” estimularía la producción nacional. La propuesta, sin embargo, es como el canto de las sirenas en la ‘Odisea’: seductora pero engañosa y peligrosa. Si los políticos se dejan cautivar por su encanto, llevarían a la economía hacia el acantilado. Es mejor seguir el ejemplo de Ulises y atarse al mástil para resistir la tentación.  ¿Por qué?

Antes de contestar, reconozcamos que la propuesta es atractiva por dos razones. La primera es que goza de pedigrí. Se remite al gran John May­nard Keynes y su análisis del “déficit de demanda”: un mal equilibrio económico en el que, pese a haber trabajadores desempleados y fábricas inactivas con equipos en buen estado de funcionamiento, el mercado no logra coordinar a consumidores y productores para que esas capacidades se utilicen productivamente.

La solución en este caso -nos enseña Keynes- viene de la política pública y no del mercado. Bajo ciertas condiciones, el gobierno podría aumentar el ingreso disponible de los consumidores para que estos lo gasten y así reactiven la economía. La segunda razón es que las condiciones actuales del Ecuador se parecen bastante al mal equilibrio que Key­nes diagnosticó: una parte creciente de la fuerza laboral pierde buenos empleos y pasa a “empleos inadecuados”, y muchas empresas operan a medio gas. ¿Por qué no estimular el consumo, entonces?

El problema es que la propuesta se sustenta en una hipótesis errónea, no en general sino para las circunstancias actuales del país. Keynes coin­cidiría con esta afirmación, la cual se apoya en tres razones sólidas. Primero, no sería fácil financiar un estímulo al consumo. Segundo, bajar el IVA elevaría la prima de riesgo del país, desincentivando la inversión privada. Tercero, un aumento del consumo financiado con deuda pondría presión sobre la balanza de pagos, con efectos contractivos sobre el crédito. El resto de este artículo elucida estas razones.

La primera razón parte del hecho de que un estímulo al consumo ampliaría el déficit fiscal; de lo contrario no habría transferencia de recursos del gobierno hacia los consumidores. Si, para evitar que se abra el boquete fiscal, el gobierno bajara la tasa del IVA y al mismo tiempo eliminara el subsidio al diésel o redujera el gasto corriente, el ingreso disponible del consumidor no variaría -lo que el gobierno le daría por vía del recorte del IVA le quitaría por vía del aumento del precio del diésel o recorte del gasto público- y, por ende, no habría estímulo al consumo.

Por tanto, el “poner dinero en manos de los consumidores” conlleva necesariamente un mayor déficit fiscal que habría que financiar, lo cual es difícil. Sería fácil financiarlo si se hubiesen acumulado ahorros durante el tiempo de las vacas gordas.

Pero la administración de Correa desmanteló los fondos de ahorro fiscal y vació las reservas internacionales. Se podría también financiar un estímulo al consumo si el gobierno pudiera endeudarse en el mercado a plazos largos y tasas de interés bajas. Pero la administración de Correa dejó un nivel de gasto público insostenible y un país con una muy mala reputación crediticia.

El desprestigio del país en los mercados crediticios se debe, en gran parte, al caprichoso ‘default’ del 2008, cuando el gobierno no pagó su deuda externa pese a que le sobraba capacidad de pago. El irresponsable manejo fiscal en el pasado cerró espacio para financiar, sin daños colaterales, una política fiscal contracíclica en el presente.

Pero la cosa no termina ahí. Si el gobierno se endeudase para financiar un estímulo al consumo, las circunstancias actuales del país hacen que sus efectos indirectos y de propagación (“efectos de equilibrio general”, diríamos los economistas) sean nocivos para el crecimiento, debido a las razones (segunda y tercera) mencionadas anteriormente.

Consideremos los efectos sobre la prima de riesgo país. La ampliación del déficit fiscal elevaría la deuda y debilitaría la viabilidad de las finanzas públicas. Ello incrementaría el riesgo de ‘default’ (la probabilidad de que Ecuador no pueda pagar su deuda), lo que se traduciría en un aumento de la prima de riesgo soberano que elevaría la tasa de interés que el gobierno paga en sus bonos. Ahora bien, la tasa de interés que el gobierno paga para financiarse en los mercados pone un piso al costo del financiamiento interno y externo a toda la economía ecuatoriana.

No hay préstamos a largo plazo para empresas ecuatorianas a una tasa de interés inferior a la que el gobierno paga en sus bonos, y la inversión privada en Ecuador se justifica solo si genera un rendimiento superior a esa tasa, la cual es muy alta. Con excepción de Venezuela; Ecuador y Argentina tienen las primas de riesgo soberano más elevadas en la región (gráfico 1).

Ecuador paga una tasa de interés cercana al 11% anual si coloca bonos en el mercado, mientras que Perú pagaría solo 4,5%. Un aumento en la ya alta prima de riesgo ecuatoriana mermaría aún más el crecimiento porque desalentaría la inversión, tanto nacional como extranjera.Consideremos las repercusiones externas.

Un estímulo al consumo tendría un efecto expansivo muy modesto sobre la producción nacional porque gran parte del consumo se dirigiría hacia productos importados, en lugar de nacionales, generando poca reactivación económica, a costa de un déficit externo.

La alta propensión a importar es consecuencia de que Ecuador se ha vuelto un país caro en comparación con los países vecinos, por lo que muchos productos nacionales no pueden competir con los extranjeros. Ello se debe a que las monedas de los países vecinos se han depreciado fuertemente frente al dólar y a que la actual fortaleza del dólar es incompatible con los altos costos y baja productividad de la economía ecuatoriana.

Contrariamente a lo que sus proponentes argumentan, un recorte del IVA no mejoraría la competitividad externa de la producción nacional. ¿Por qué? Porque no reduciría los costos para el productor y beneficiaría al consumidor abaratando en la misma proporción tanto los productos nacionales como los importados. Este es un punto en el que vale la pena insistir.

El IVA es un impuesto al consumo que, al estar gravado sobre el valor agregado, no aumenta los costos para el productor. El productor le pasa al Fisco el IVA en términos netos: el IVA que le cobra al consumidor menos el IVA que paga a sus proveedores. Además, el IVA no favorece ni desfavorece a los productos nacionales frente a los importados: el consumidor paga la misma tasa de IVA independientemente de si el producto que compra es importado o producido en el país. (Si lo que se quiere es abaratar los costos al productor nacional para mejorar la competitividad externa, lo que habría que reducir es el impuesto sobre la renta corporativa, y no el IVA.)

Un estímulo al consumo podría quizás reactivar el comercio (favoreciendo por ejemplo los ingresos de establecimientos que importan electrodomésticos para venderlos en el país), pero su efecto sobre la producción sería marginal y se vería neutralizado no solo por el desaliento a la inversión del antes mencionado aumento de la prima de riesgo país, sino también por el efecto contractivo que un déficit de balanza de pagos tendría sobre el crédito.

En una economía dolarizada, en la que el Banco Central no le presta al gobierno, el crédito al sector privado crece solo si crecen los depósitos, y estos crecen solo si hay ingresos de dólares al país a través de la balanza de pagos.

El desplazamiento del consumo hacia importaciones (intensificado porque el país está caro) tendería, por tanto, a contraer el crédito bancario.
En suma, en las condiciones actuales del país, la propuesta de bajar el IVA promete poco o nada en términos de crecimiento y generación de empleo, y mucho en términos de una mayor prima de riesgo país, un debilitamiento de la balanza de pagos y problemas para el crédito doméstico. Los efectos adversos dominarían sobre el débil efecto expansivo. Así, un recorte del IVA terminaría siendo contractivo: en vez de acelerar el crecimiento y la generación de empleo, los desaceleraría.

Lo que la economía ecuatoriana requiere en la coyuntura actual para crecer no es un estímulo al consumo sino un respiro en la balanza de pagos (a través del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional) y un mejor ambiente para el emprendimiento, tal que promueva la inversión privada, nacional y foránea, especialmente en actividades económicas que ahorren o generen divisas.

La política pública debe sentar las condiciones para que nuestra dolarizada economía engendre un superávit estructural en la balanza de pagos, mediante reformas que ayuden a reducir la prima de riesgo soberano (a través, entre otras cosas, de mayor seguridad jurídica y del control del endeudamiento público con base en el fortalecimiento de la posición fiscal) y mejorar la competitividad externa de la producción nacional (a través, entre otras cosas, de un mercado laboral moderno, con mayor movilidad y dotado de trabajadores mejor preparados). En la actual coyuntura, el énfasis debería estar en “crecer para consumir” en lugar de “consumir para crecer”.

 *Director del Centro de Investigaciones Económicas, UDLA, Profesor de Columbia University, New York.

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