3 de noviembre de 2020 00:00

Raúl Tello Benalcázar: ‘La extinción de dominio resulta incómoda a unos’

Entrevista con Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión de participación

Entrevista con Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión de participación. Foto: Cortesía Asamblea

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Roger Velez
Redactor (I)

Raúl Tello Benalcázar es presidente de la Comisión especializada permanente de Participación Ciudadana. Es asambleísta independiente, representante de la provincia de Pastaza. Tiene 55 años, es exdiputado (1996) y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión Local.

¿Cuándo estará listo el informe para el segundo debate de la Ley de Extinción de Dominio?

Hasta el 8 de noviembre, a más tardar, se dará la votación en la Comisión de Participación Ciudadana.

¿Ya hay consensos?

Para el primer debate hubo apoyo unánime de la Comisión, yo aspiro a que aquello se mantenga. Si no es así, que cada quien cargue con su responsabilidad. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, hemos sido muy democráticos en incorporar todas las observaciones, incluso las que llegaron fuera de tiempo.

¿Cuáles son los temas más complejos para el debate de esta ley?


Son dos cosas. Algunos consideran que esto debería ser tratado desde el ámbito del COIP (Código Penal). Y el tema de la retrospectividad.

¿Qué implica la retrospectividad?

Una propiedad que no ha sido obtenida lícitamente no puede tener licitud. La Constitución garantiza la propiedad privada, pero de bienes obtenidos lícitamente, no de bienes obtenidos ilícitamente.

¿A quién le corresponderá determinar que son bienes lícitos?

A la Fiscalía General del Estado. Por eso, nosotros planteamos en el proyecto de ley dos etapas: una investigativa, en donde se pueden plantear medidas cautelares, y la otra, la etapa judicial; una vez que luego de la investigación se ha determinado que existe la presunción de que el bien ha sido ilícitamente adquirido, que no hay justificación, empieza la etapa judicial.

¿Esto no convertirá en sospechosos a todos los ecuatorianos?

Bajo ningún punto de vista, porque esta ley no persigue a las personas, sino a los bienes y los bienes no son ni culpables ni inocentes; entonces, en ese caso, no existe la presunción de inocencia porque una casa no es inocente o culpable, una casa es obtenida lícitamente o ilícitamente; con recursos justificados o injustificados.

¿A partir de qué monto podría ser objeto de investigación?

Estamos determinando que sea cuando se trate de propiedades que justifiquen el accionar de la justicia.

¿Y para qué tipo de delitos se aplicaría?

A cualquier bien obtenido de manera injustificada, sea en el ámbito público o privado: cohecho, peculado, lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas, cualquier delito.

La aplicación de esta ley requerirá de jueces y de fiscales especializados. ¿Hay los recursos?

Nosotros estamos planeando una transitoria para dar tiempo para que la Fiscalía y el ámbito de la justicia tengan los jueces y fiscales especializados. Es fundamental la especialización, porque no tiene que haber una confusión de lo que es el ámbito penal con el ámbito de la extinción de dominio.

¿Quién administrará los bienes recuperados?


Estamos planteando una institucionalidad. Hay que definir aún si esa institucionalidad va a estar dirigida por alguien desde el Ejecutivo o desde la Función Judicial, yo creería que es mejor esta última. Además, consideramos indispensable el poder establecer un tiempo para la motenización.

¿Y a qué se destinarán los fondos?

Fundamentalmente para educación y salud de niños, adolescentes, mujeres; y también para quienes intervienen en el ámbito de la justicia para la extinción de dominio.

¿Qué recaudos se ha tomado para que la ley no resulte inconstitucional?

Fundamentalmente el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso, la garantía de la propiedad privada.

¿Cuántas propuestas fueron incorporadas a este proyecto de Ley?

Este proyecto fue presentado por el asambleísta Fabricio Villamar y tiene como base el modelo de la ley de extinción de dominio de Naciones Unidas, que ya se aplica en Colombia, Perú, México.

¿No afecta a la ley el hecho de que él sea investigado por un aparente uso irregular del carné de discapacidad ?

No, porque a la Ley no la aprueba un parlamentario, sino la Asamblea Nacional.

¿Se incorpora el proyecto que presentó el Ejecutivo hace más de un año?


No. Entiendo que el CAL envió las otras propuestas a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y no sé por qué no le darían trámite.

Entonces, ¿el Ejecutivo se quedó por fuera?

Sí le pedimos sus observaciones y opiniones. Yo invité a la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, y ella envió una delegada. Es parte de la mesa técnica.

¿Usted seguirá como ponente del proyecto?


Definitivamente.

Pero usted también fue aludido en el caso Mendoza y Azuero, quienes son investigados penalmente por una supuesta delincuencia organizada...

Ya se cerró la instrucción fiscal, nunca se me determinó ni como investigado. De mí no van a encontrar ni siquiera una llamada telefónica que yo haya pronunciado la palabra Pedernales y peor repartos.

El martes pasado hubo una reunión de las bancadas para analizar esta ley. ¿Hubo acuerdos?


Por un lado, en el discurso se ha dicho que el país necesita una ley de extinción dominio, todos dicen eso; pero el rato de los ratos existen cuestionamientos que creo no tienen fundamento. En unos casos me parece que se da sin conocimiento, porque no han leído la ley; y en otros casos, yo creo que para algunos les resulta incómoda.

¿A quiénes?

Preferiría no decirlo, para no generar anticuerpos en la Asamblea Nacional.

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