Un joven con la bandera en uno de los 12 días que sacudieron esta isla caribeña para exigir la renuncia del Gobierno. Foto: AFP
La ‘revolución’ de los boricuas comenzó como una lucha moral contra la palabra del Gobernador, pero ante una crisis económica que deriva de su condición de Estado Libre Asociado.
Hace poco, la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico desahució a una madre con sus hijos por una deuda de USD 160. Otra mujer testimonió para el New York Times que con un despido, en un país con el trabajo cada vez más escaso, no hay otra posibilidad que terminar en la calle porque no recibe mayor indemnización. Y esto resulta una bicoca frente a los al menos USD 15 millones que se desviaron del dinero que Estados Unidos había destinado a Borinquen por el azote del huracán María, que dejó al menos 3 000 muertos y casi toda la isla sin electricidad.
Pocas imágenes pueden ser tan absurdamente palpables sobre la corrupción portorriqueña como las del hallazgo, en plenas movilizaciones, de miles de botellas de agua en una finca privada en el municipio de El Dorado, a 40 kilómetros de San Juan. Fueron entregadas por el FEMA, la agencia de Estados Unidos para manejos de emergencias.
No solo fueron los chats misóginos, homofóbicos y las burlas a la víctimas del huracán María los que precipitaron la caída de Ricardo Rosselló como gobernador. La crisis económica y moral que tiene larga data tuvo mucho que ver. Y esta deriva de su estatus.
El ser un Estado Libre Asociado le da una entidad limitada. Si bien es un país con una identidad definida, sobre todo en la música -no es solo reguetón, por cierto- o el béisbol, políticamente no puede generar una política sustentable y real. No tiene la capacidad de un Estado independiente. Y para Estados Unidos es una isla que tiene una representación legislativa con voz, pero sin voto. No puede participar de elecciones presidenciales a pesar de que sus habitantes tengan ciudadanía estadounidense.
En la isla hay tres partidos políticos que, además, tienen una posición definida sobre su estatus. El Partido Popular Democrático, de centroizquierda, prefiere que el país permanezca como Estado Libre Asociado. El Partido Nuevo Progresista, de centroderecha, aboga porque se convierta en el estado 51 de EE.UU. Entre estos se han repartido el poder. Y finalmente, la izquierda, que quiere la independencia, se agrupa en el Partido Independentista Puertorriqueño.
Hay quienes dicen que esta “revolución” de la generación “yo no me dejo” no tiene que ver con el estatus de la isla. Es más bien la representación de una generación que se indignó con los políticos que se aprovecharon de ese estatus para dar paso a una corrupción.
“Si nos fijamos en estas manifestaciones masivas, no se trataba del estatus”, sino de “identidad, política sexual y de género, entre otras cosas”, dijo al New York Times el autor del libro ‘Puerto Rico: todo lo que necesitas saber’, Jorge Duany.
La profesora de la Universidad de Texas, Marisol Lebrón, dijo al mismo diario que los puertorriqueños “lo ven como la oportunidad para un cambio fundamental en la estructura política (…) Hay la negación para que la política continúe como hasta ahora”.
No se puede ignorar que las movilizaciones tuvieron un detonante: los chats de Rosselló. Cientos de miles de personas se movilizaron en contra de un Gobierno que miente y que denigra a los que se supone suyos: el pueblo.
Es, entonces, una movilización moral y ética contra la palabra mal usada. Pero también contra el ejercicio de gobiernos que llevaron a Puerto Rico a declararse en quiebra, en el 2017.
Su economía está intervenida por el Congreso de Estados Unidos. Tiene una deuda de USD 72 000 millones. Como dijo una señora a Telemundo 51, en un reportaje titulado ‘La isla del DESencanto’, por su condición estatutaria la economía fue la del vivir del fiado. “Coge fiado. Como decían, cuando yo me criaba, decían: Yo cojo hasta el Capitolio si me lo fían. Cualquiera compra así, con dinero de otro”, agregó.
La historia de la deuda se remonta a 1973. El entonces gobernador, Rafael Hernández Colón, ante la crisis petrolera, llegó a USD 5 600 millones, en 1976. Diversas medidas económicas e impositivas lograron que para 1984, la deuda ascendiera a USD 8 600 millones. Entre 1985 y 1992, volvió a gobernar Hernández Colón, quien provocó que la deuda pública creciera a los USD
13 822 millones, después de que Carlos Romero Barceló la redujera notablemente.
Los problemas mayores vinieron con la gobernación de Pedro Rosselló (1993-2000), el padre de Ricardo, quien dejó una economía en caída libre y con múltiples acusaciones de corrupción. “El ‘default’ era una cuestión de tiempo”, dice Telemundo. Y esas acusaciones también las recibió su hijo, quien además fue el que declaró la quiebra.
Son 13 años de recesión económica, con un desempleo creciente, con empresas que tienen exenciones tributarias un semestre al año. Más de 500 escuelas se cerraron desde el 2015. El 17 de julio fue arrestada la exsecretaria de educación, Julia Keleher, por cerrar 167 planteles injustificadamente. Y el año pasado, el 4% de la población emigró, la mayor cifra desde 1950.
Para los boricuas, es algo histórico, la “revolución” de los que gritan “yo no me dejo”.
Borinquen es el nombre antiguo de la isla y tiene dos acepciones: tierra de valientes o tierra de cangrejos. Al menos de la primera, los portorriqueños pueden sentirse esta vez identificados. Por primera vez logran unirse en una causa que agrupó a las distintas vertientes de la población. La imagen de Ricky Martin, quien no se había manifestado sobre la política local, y de René Pérez (Residente), quien se proclama de izquierda y un independentista, es una buena radiografía de que la lucha era, en verdad, más allá del estatus aunque lo contiene. Era la movilización de un pueblo que se agotó del abuso de confianza para decir al poder “yo no me dejo”. Y Rosselló lo sabe.
