Cuando Sofía (nombre protegido) le contó a su amiga adolescente sobre cierto malestar, tras haber sido violada por su padre varias veces, la chica le compró una prueba de embarazo. El test dio positivo.
Sofía subió hasta la terraza de su casa y se lanzó hacia abajo. No deseaba suicidarse, solo no quería estar embarazada. Pero la niña, de 11 años, no logró su objetivo. Rechazó a su hijo desde el inicio. Ahora asiste a terapias para aceptarlo, no ha querido verlo desde que nació, en noviembre del 2020.
Ella y su bebé están con una tía. La madre entró en un cuadro de depresión crítica, del que se recupera en una clínica.
En el país, datos del 2019 del INEC indican que 18,55% de las madres tiene entre 10 y 19 años, en el país.
Mujeres y niñas como Sofía ya pueden decidir la interrupción de su embarazo, a partir de la sentencia del 28 de abril.
Ese día, la Corte Constitucional declaró que es inconstitucional criminalizar y apresar a las mujeres que abortan, si han sido víctimas de violación.
Desde la publicación de esta sentencia en el Registro Oficial, la Defensoría del Pueblo tiene dos meses para elaborar un proyecto de ley, con protocolos a seguir, para regular esta decisión. Y luego la Asamblea Nacional deberá analizarlo y aprobarlo en seis meses.
Esto no implica que las mujeres o los médicos que practican el aborto serán judicializados mientras se construye la norma, aclaró la fiscal Paola Vivanco, quien ha tratado temas de género. “Sin necesidad de una resolución judicial ni fiscal, las mujeres ya tienen el derecho de solicitar que se les practique un aborto”.
La Defensoría del Pueblo traza la hoja de ruta para convocar a organizaciones a sumarse a mesas técnicas, en donde definirán los protocolos. También trabajarán con el Ministerio de Salud, el gremio médico y la academia.
El defensor Freddy Carrión plantea tres puntos para discutir. El primero tiene que ver con la forma de acreditar el delito de violación. No se requerirá, explica, sentencia para acceder a la interrupción de un embarazo por violación.
Por ejemplo, menciona que se podría presentar una denuncia, declaración juramentada, consentimiento informado o examen médico. “Buscar lo menos revictimizante”.
En el país, anota, se producen siete partos diarios de menores de 14. Y, de acuerdo con Unicef, un 65% de abusos sexuales son cometidos por alguien del círculo familiar o cercano. De ese 65%, un 40% lo hace repetitivamente. “Es muy difícil que una menor de 14 denuncie a alguien de su círculo”.
El segundo aspecto que se discutirá es hasta qué semana se podrá practicar el aborto. En Argentina es posible hasta la semana 14 de embarazo.
Y el tercer punto de la agenda es el funcionamiento de los servicios de salud, tanto públicos como privados. “El aborto para víctimas de violación debe ser gratuito”.
La aplicación de estos protocolos en construcción garantizarían el derecho a decidir de chicas como Marina (nombre protegido), de 15 años. En febrero ella dio a luz a un niño, tras haber sido violada por su medio hermano.
La joven tuvo acceso a misoprostol, pastilla para provocar aborto, pero solo le alcanzó para comprar la mitad de la dosis. Por lo que pasó casi todo su embarazo en cama, atendida por su familia, que le decía que su bebé es una bendición.
En el Ecuador están vigentes dos guías de práctica clínica relacionadas con el aborto, que se deben transformar en protocolos, comenta Ana Lucía Martínez, médica experta en temas de género y salud sexual y reproductiva.
El manejo de abortos no necesariamente tiene que ser con especialistas, aclara Martínez. Médicos generales y familiares pueden manejar los casos.
No todos los abortos tienen que ser quirúrgicos. Eso es un mito, dice. La evidencia científica señala que dependerá del tiempo de gestación. “Disminuyen los riesgos para la mujer si se empieza con medicamentos. Para eso no es necesario un título de especialidad en ginecología y obstetricia”.
Para la médica especializada en adolescencia, Susana Guijarro, lo ideal sería que las víctimas de violencia sexual puedan acercarse al nivel primario (centro de salud), para una evaluación que incluya la confirmación del embarazo. Esto, subrayó, antes de ser remitidas al segundo o tercer nivel en donde, una vez determinada la edad gestacional de la víctima, sea ella quien decida continuar o no con su embarazo.
