El Ministerio de Educación dispuso que se aplique evaluaciones psicométricas a los profesores y una revisión de los expedientes de todo el personal de un plantel educativo de Guayaquil. Foto: Joffre Flores/ EL COMERCIO
Todo el personal docente de un colegio de Guayaquil, será sometido a evaluaciones psicométricas (pruebas psicológicas) y a una revisión de los expedientes del personal administrativo, docentes y autoridades. En ese establecimiento, la Fiscalía investiga denuncias de padres de familia por un presunto abuso sexual cometido por profesores a sus hijos.
Así lo determina un acuerdo ministerial firmado la noche de este jueves 12 de octubre del 2017, por el ministro de Educación, Fander Falconí. El documento se hizo público a las 23:00.
El Ministro desde el inicio de su gestión ha reiterado que su política es de cero tolerancia a todo tipo de violencia contra los estudiantes dentro del sistema público y privado. Ya meses atrás pidió que para la selección de personal docente haya evaluaciones psicológicas, en los colegios. Se anunció un control aleatorio.
Esta noche, en el acuerdo se indica que el Ministerio ha decidido intervenir desde el jueves 12 de octubre en ese plantel “en donde se han registrado varios casos de abuso sexual a niños”.
También se dispone a la Subsecretaría del Distrito realice la valoración psicológica de todos los estudiantes de ese plantel. Y que los representantes del Departamento de Consejería Estudiantil se responsabilicen de brindar la ayuda psicológica que las víctimas y sus familias requieran.
En el acuerdo, el Ministerio de Educación establece además
“disponer que un equipo de auditores educativos procedan a revisar en la referida institución educativa los siguientes aspectos: La documentación establecida en el artículo 103 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural;
condiciones de seguridad dentro de la institución; la implementación de los Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo; revisión de los expedientes del personal administrativo, docentes y autoridades de la institución; entre otros.
El Ministerio delega a la Unidad Distrital de Asesoría Jurídica del Distrito para que haga seguimiento de las actuaciones “e intervenir de ser necesario en defensa del interés superior del niño”.
En el documento se ratifica a Nelson Loor como interventor de la institución educativa. “El interventor deberá observar las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ministerial”.
Finalmente, se dispone la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito “el inicio de los procesos administrativos sancionatorios en contra de autores, cómplices y encubridores de los graves hechos ocurridos en el plantel. Igualmente tomará conocimiento de las actuaciones y de las omisiones incurridas por las autoridades de este establecimiento educativo”.
Por la mañana, a través de un comunicado, la Cartera rechazó de forma enérgica las situaciones de abuso sexual en ese colegio.