‘Que la exploración petrolera en la zona del campo Armadillo se haga con resguardo policial o militar. Esto con el fin de salvaguardar la integridad física de los técnicos y controlar posibles encuentros fortuitos con pueblos indígenas en aislamiento”.
El subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MAE), Carlos Villón, realizó esa recomendación. Lo hizo en un oficio dirigido a Luis Aráuz, gerente de Operaciones de Petrotesting Colombia.
La comunicación, con fecha 7 de febrero, se refería, además, al pedido de autorización ambiental para la prospección petrolera en la zona de intersección del campo Armadillo con el Territorio Huaorani. Esta lindera con el Yasuní (ver infografía).
En esta zona se ha advertido la presencia de grupos tagaeri, una de las dos comunidades nativas que aún mantienen su condición original de vida en la selva amazónica ecuatoriana.
El MAE es responsable de su protección. Con ese propósito, hace dos años se creó el Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados (PMC-PIA). Hasta el momento se han invertido USD 2,5 millones en la ejecución.
La disposición de Villón se contrapone con las recomendaciones del PMC-PIA. Incluso el 30 de diciembre del 2008, el MAE pidió suspender la prospección petrolera, que se aprobó el 6 de enero del 2009 y estuvo vigente durante un año.
Durante un monitoreo a lo largo de dos años, con imágenes satelitales y fotografías aéreas y recorridos a pie, se detectó una serie de evidencias, sobre todo huellas. Estas demuestran la presencia de un grupo en zonas próximas al Armadillo. Cerca del sitio, en Los Reyes, murieron una mujer y dos menores lanceados, el 10 de agosto del 2009.
Sin embargo, a partir de diciembre del 2009 volvieron las presiones de la petrolera para que se levante la suspensión. Así lo denunció Eduardo Pichilingue, ex coordinador del PMC-PIA, la noche del miércoles, durante un foro en la Flacso.
La respuesta de Aráuz, consignada en un oficio del 12 de febrero del 2009, fue que “el campo Armadillo se encuentra fuera de la Zona de Amortiguamiento y de la Zona Intangible…”, por lo que la petrolera considera no estar obligada a acogerse a las medidas de protección.
Paola Carrera, coordinadora (e) del PMC-PIA, dijo que desconoce quiénes presionan para la aprobación. Pero Pichinlingue, quien fue despedido por su posición, señaló que lo hace incluso el Ministerio de Recursos no Renovables , que ha llevado el tema a instancias del Gabinete.
Sara Nuero, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, conoció la denuncia. Ella vino para socializar las normas de protección a los pueblos en aislamiento.