Han pasado poco más de dos meses de este 2017 y en el país se registran varios casos de femicidios. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Cambiaron las rosas por carteles de protesta y las felicitaciones por gritos de reclamo. Vestidas de negro, mujeres de distintas organizaciones se reunieron en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, para rechazar los casos de femicidio registrados en el país. Y escogieron este miércoles 8 de marzo del 2017, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para elevar su voz de rechazo.
La frase “¡ni una menos, vivas nos queremos!” resonó con fuerza. También elevaron letreros que advertían: “basta de violencia machista” y “nos están matando”. La concentración llamó la atención de quienes pasaban por la ajetreada avenida 9 de Octubre.
Han pasado poco más de dos meses de este 2017 y en el país se registran varios casos de femicidios. La Fiscalía General del Estado informó que ha investigado 176 denuncias durante los 31 meses de tipificación de este delito.
“Debería ser un día de alegría, de conquistas a favor de nosotras. Pero es lo contrario -reclamó Beatriz Bordes-. Todavía no logramos la equidad y la igualdad, todavía el Estado no se ha preocupado de cambiar todas las situaciones negativas que viven la mujer. Y como resultado tenemos una sociedad machista ejerciendo su poder”.
Bordes preside la Fundación María Guare. Cada año esta entidad atiende unos 1 800 casos de violencia intrafamiliar, principalmente hacia las mujeres.
Esos casos se suman a las estadísticas nacionales. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reflejan que seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en el país. Y entre quienes han experimentado violencia física, el 87,3% lo vivió en sus relaciones de pareja.
“Las leyes son una parte y el resto es el comportamiento social. Si este comportamiento social no cambia, seguiremos por muchos años en esta situación (…). Hay mucha gente que escucha los gritos cuando están agrediendo a una mujer. Y no hacen nada cuando podrían llamar al 911, advertirlo y salvar una vida”, dice Bordes.
El agosto del 2014, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipificó el delito de femicidio, sancionado con hasta 26 años de cárcel. Con su vigencia se derogó la Ley 103 o Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Para Zobeida Aragundi, presidenta de Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AMAE), ese cambio diluyó una estructura que incluía las Comisarías de la Mujer y que, a su criterio, daba un tratamiento especial y ágil a los casos de violencia de género.
“Los movimientos de mujeres presentamos una demanda de inconstitucionalidad para exigir que la Asamblea Nacional expida un procedimiento especial y expedido para el juzgamiento de delitos de violencia intrafamiliar. Y aún no tenemos una resolución”.
Según Aragundi, con la Ley 103, la atención era más rápida, por ejemplo, en el trámite de medidas cautelares como boletas de auxilio y órdenes de alejamiento para el agresor.
“Los 20 años de vigencia de la Ley 103 pusieron en el imaginario de la Policía que nos tenía que socorrer de inmediato. Ahora hay que poner en denuncia, el fiscal debe pedir al juez que dicte la orden de allanamiento, el juez la dicta, ofician a la Policía y cuando la Policía llega ya encontró el femicidio consumado”, dice Aragundi, quien añade que en los últimos dos años han detectado cerca de 40 000 denuncias.
A más de la sanción, los gremios de mujeres piden al Estado trabajar en la prevención y reparación de las víctimas de violencia.
Para Lourdes Euvín, trabajadora social de la Fundación María Guare, es necesario promover la prevención en escuelas, colegios y empresas, y apuntalar la autoestima de las mujeres. “Hay que empoderarlas en sus derechos, que sepan que ellas son ellas, que no necesitan medias naranjas, como nos han hecho creer; que no somos las reinas, somos seres humanos”.
La dependencia económica es una de las grandes barreras de las víctimas de violencia. Euvin calcula que, de los 1 800 que tratan cada año en la fundación, cerca de un 50% regresa con su pareja debido a la falta de recursos económicos.
Según ONU Mujeres aún existe una brecha económica y laboral entre hombres y mujeres. El organismo indica que, en el mundo, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que obtienen los hombres en un trabajo de igual valor. Además, realizan 2,5 veces más trabajo no remunerado en el hogar que los hombres. Y del 5,8% de desempleados, el 6,2% corresponde a las mujeres.
En cuanto a la reparación de las víctimas, a más de fundaciones particulares existen cinco casas de acogida en el país. Gabriela Aguilar es la sicóloga de uno de estos centros que funciona en Guayaquil, donde actualmente atienden a cinco mujeres que decidieron alejarse de sus agresores para seguir con vida.
El año pasado recibieron a 23 mujeres, quienes pueden permanecen por seis meses o más, tiempo en el que reciben asesoramiento legal, sicológico, de trabajo social, incluso charlas de nutrición y educativas.
“Son casos bastante extremos de violencia física, sicológica, sexual, económica… Son casos en los que nos preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad machista? Se dice que el femicidio es el fin de una vida de violencia. Con estos casos queremos evitar que eso ocurra”.