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El acceso al bono de orfandad es un viacrucis

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desde 2019 hasta noviembre de este año se han entregado 195 bonos a niños y adolescentes en orfandad por femicidio.

Los femicidios tienen múltiples impactos en la vida de los hijos de las víctimas. Estos niños, niñas y adolescentes son sobrevivientes o testigos de estos eventos. Además de las consecuencias psicológicas que dejan estos asesinatos, deben acostumbrarse a una nueva vida en otros hogares y el ­acceso a los bonos estatales no es nada sencillo.

El 8 de marzo de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno firmó un Decreto para que se entregue un bono a menores de 18 años en situación de orfandad por femicidio, como una medida de reparación. Dos años más tarde, la entrega de este bono aún genera críticas, ya que su obtención implica una serie de obstáculos.

El Decreto Ejecutivo 696 establece que los beneficiarios de este bono deben estar en situación de pobreza según el Registro Social, contar con un tutor legal y tener una sentencia ejecutoriada por femicidio.  

Andrea Quijije, activista del Movimiento de Mujeres del Ecuador y coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Justicia, dice que pocos niños han recibido este bono debido a los requisitos que se piden, por lo que diferentes organizaciones sociales piden una reforma a este Decreto.  

En este insumo se establece que un niño en situación de orfandad por femicidio debe recibir USD 117,96 al mes. Si son dos asciende a 172,52 y si son tres a 216,92.  

Para Geraldine Guerra, de Fundación Aldea y Alianza para el Mapeo de Femicidios, el Estado tiene una deuda pendiente en estos temas con los hijos de las víctimas. Además, dice, este bono debería asegurar el acceso a condiciones mínimas de bienestar que permitan cubrir las necesidades
más urgentes de los pequeños, pero esto no ocurre.   

Maribel, por ejemplo, la madrugada del 3 de noviembre de 2020 recibió 113 puñaladas de un desconocido, y dejó a ­cuatro hijos en la orfandad. Ellos no han recibido el bono y tampoco se han realizado acciones de reparación a favor de su familia. Los niños viven con su padre.

Guerra también recuerda el caso de una abuela que se quedó a cargo de sus tres nietos y no tiene acompañamiento ni los recursos para que los menores puedan continuar con sus estudios en línea. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desde 2019 hasta noviembre de este año se han entregado 195 bonos a niños y adolescentes en orfandad por femicidio. La mayor parte se ha otorgado en este año (116), seguido de 2020 (49) y de 2019 (30).  

Estos bonos representaron un monto de USD 11 223 en 2019; 39 555 en 2020, y 100 623 en lo que va de este año.  

Por otro lado, un mapa presentado por Fundación Aldea y la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe) revela que desde 2014 hasta 2020, se registraron 1 095 menores que se quedaron sin su madre por los femicidios en el país.

Mientras tanto, en lo que va del año la Fundación contabilizó 161 menores de edad en situación de orfandad por femicidio.

Lissete Pardo-Jijón, especialista en género, también insiste en que todos los requisitos que se solicitan llevan a que los hijos de las víctimas no reciban estos bonos.

El pedido de una “sentencia ejecutoriada del delito de femicidio, emitido por autoridad competente, con la correspondiente razón de ejecutoría y/o archivo de la causa por extinción de la causa penal pública, específicamente por muerte del procesado”, es uno de los que más le preocupa.

Estos procesos legales pueden tomar años en resolverse y en otras ocasiones, en cambio, no se los considera como delito de femicidio.

Además, Pardo-Jijón considera que el rubro que se entrega a las víctimas no es suficiente para cubrir sus necesidades de cada mes.  

Para Guerra, además del bono se requieren crear y fortalecer las medidas de reparación integral, como protocolos integrales y coordinados para accionar en el momento. Esto significa que se debe prestar atención a chicos de las víctimas de femicidio en ese momento y realizar un seguimiento de su situación.  

Hay ocasiones en las que el evento sucede en el lugar que viven y deben trasladarse a otras provincias para estar con sus nuevos tutores. En ese momento, se pierde el registro de los menores de edad.  

Por otro lado, Quijije explica que ha tenido casos en los que los niños que van a otros lugares, como la casa de sus abuelos, no tienen las garantías de seguridad necesarias y nuevamente son víctimas de violación por parte de otros familiares cercanos.  

El mapa de la Fundación Aldea demuestra que el 40,5% de infantes y jóvenes está en situación de orfandad por femicidio. Este grupo se concentra en Guayas y Pichincha. 

De acuerdo con la información del MIES, Pichincha, Guayas y Manabí son las provincias en las que más se han entregado estos bonos de orfandad desde 2019.  

Guerra sostiene que “el bono es una pequeña gota que puede paliar en algo, pero se necesita trabajar en las acciones de reparación para las hijas y los hijos de las víctimas.

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