Alberto Nisman era el fiscal que investigaba el atentado del 18 de julio de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. Foto: archivo AFP
El 18 de enero, hace cinco años, Argentina amaneció con una trágica noticia: Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, en su departamento en una exclusiva zona de Buenos Aires.
Desde entonces, su deceso sigue siendo una incógnita y se ha convertido en uno de los casos más controversiales del continente, en el que muchas personas están involucradas, desde la ahora vicepresidenta del país, Cristina Fernández, hasta los servicios secretos de Inteligencia y uno de sus más cercanos colaboradores, Diego Lagomarsino.
Hace un mes, la plataforma de ‘streaming’ Netflix presentó
un documental sobre este caso que conmocionó a Argentina, y que aún sigue abierto.
Nisman era el fiscal que investigaba el atentado del 18 de julio de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. Cuatro días antes de su muerte, el funcionario había acusado a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de firmar un acuerdo de entendimiento con Irán, para supuestamente encubrir a exaltos funcionarios iraníes, a quienes él había acusado de organizar el ataque.
Según Nisman, con el convenio internacional se levantaron las alertas rojas de Interpol contra los acusados, algo que siempre negó Ronald Noble, entonces secretario general de la organización policial.
El atentado terrorista de AMIA, que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, sigue prácticamente impune. No ha habido ningún detenido en el caso, aunque se lo haya atribuido al grupo terrorista Hezbolá. El atentado de la AMIA se produjo solo dos años después de la bomba que explotó en la Embajada de Israel en Argentina, que segó la vida de 29 personas.
Nisman dirigió la investigación para acabar con más de 20 años de impunidad del caso. Él había reunido pruebas -según señalaría su equipo de trabajo- para acusar a la entonces Presidenta de haber sido parte de este caso. La denuncia de Nisman debía ser presentada en el Congreso el 19 de enero del 2015. Era la primera vez que se acusaría a Cristina ante la justicia.
El Fiscal se preparó con anticipación. Incluso adelantó su regreso de un viaje en Europa, donde había viajado por los 15 años de su hija, para evitar que su caso fuera desechado.
Según una declaración que diera tiempo después Soledad Castro, secretaria del exfiscal, Nisman decidió adelantar el regreso de sus vacaciones porque “él tenía información de que (Alejandra) Gils Carbó retomaba sus funciones el 12 de enero y que a partir de esa fecha aumentaban las chances de ser removido, porque consideraba que esa decisión no iba a ser delegada en otro”.
El exfiscal consideraba que la Procuradora General (Gils) tenía intención de desplazarlo, para impedir que presentase su denuncia contra los funcionarios estatales.
Sin embargo, el día anterior a la audiencia fue encontrado muerto en su departamento. Las primeras versiones del caso apuntaban a un suicidio. Su cuerpo fue hallado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza y nadie escuchó ni vio nada. Ni siquiera los dos guardaespaldas que lo custodiaban.
Según la versión del primer equipo de criminalística, Nisman se disparó porque no podía llevar la carga del caso AMIA ni tenía evidencia suficiente en contra de Fernández. Ellos entraron al departamento junto a la fiscal Viviana Fein, filmaron la escena y recogieron el arma y el casquillo. Pero lo hicieron sin cuidar el procedimiento legal para preservar las pruebas. Más de 60 personas entraron y salieron del departamento sin guantes ni trajes de protección.
Incluso, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, entró a la escena del crimen y revisó todo a pesar de que era un procedimiento judicial.
El arma que disparó la bala que mató a Nisman se la entregó su asesor informático Diego Lagomarsino. Él fue vinculado al caso pero está libre; dijo que Nisman se la había pedido para proteger a su familia. Según declaró, el 17 -un día antes de que hallaran el cuerpo- llegó al apartamento, le dio el arma y le explicó el funcionamiento, hablaron un rato y más tarde se fue.
No obstante, las investigaciones posteriores de la Policía Federal determinaron que Nisman no habría muerto el 18 sino el 17. Es decir, cuando Lagomarsino estuvo con él.
Todos los registros telefónicos y de mensajes del celular del fiscal habían sido borrados, al igual que los de su computadora personal. En primera instancia, a nadie pareció interesarle saber qué sucedió con esa información.
Era como si el teléfono de Nisman no hubiera existido antes de ese fin de semana. “Resulta llamativa la ausencia de registro de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto”, dijeron de manera unánime los peritos, que no hallaron registros de llamadas entrantes ni salientes anteriores al 18 de enero del 2015 a las 13:46:45, ni tampoco hay registros de mensajes de texto o SMS anteriores al 18 de enero del 2015 a las 09:51:42”, dijo el abogado de la familia de Nisman. El borrado fue manual, no remoto y hubo que hacerlo en el lugar.
Como esta, hay cientos de irregularidades que han generado una ola de especulaciones, que apuntan al poder de turno como principal sospechoso. En el documental de Netflix incluso aparece el actual presidente de la República, Alberto Fernández, por su cargo como jefe de Gabinete del gobierno de Cristina.
Alberto Fernández dijo hace unos días que “las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”.
La mayoría de pruebas que han aparecido ha desestimado la afirmación de que fue un suicidio, para dar paso a la hipótesis de un asesinato. Nisman no tenía residuos de pólvora en sus manos, la posición del cuerpo en el momento del disparo en relación con las salpicaduras de sangre encontradas no coinciden con la idea de suicidio que esgrimió Fein.
Han pasado cinco años y las dudas están lejos de despejarse. Las hijas de Nisman han exigido justicia, pero no han tenido una respuesta.