11 de febrero de 2020 15:07

Misión de Observación considera que no hay justicia plena en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres

Jackie Mcvicar, activista de derechos humanos en Guatemala, durante una conferencia de prensa este martes 11 de febrero del 2020 en Tegucigalpa, Honduras. Foto: EFE

Jackie Mcvicar, activista de derechos humanos en Guatemala, durante una conferencia de prensa este martes 11 de febrero del 2020 en Tegucigalpa, Honduras. Foto: EFE

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Agencia EFE

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La Misión de Observación que ha dado seguimiento al juicio por la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016 consideró este martes 11 de octubre del 2020 que aún no se ha garantizado justicia plena en el caso pues no se han capturado y castigado a los autores intelectuales del crimen.

"La justicia en la causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas", señala un informe presentado este martes en Tegucigalpa por la Misión de Observación.

Un tribunal de Honduras condenó el 2 de diciembre de 2019 a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, que era huésped de la ambientalista el día del crimen y fue el único testigo del hecho.

Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollo Energético (DESA).

El informe titulado Una deuda histórica de la justicia indica que el juicio oral celebrado entre octubre y noviembre de 2018 establece que Cáceres "fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", a cargo de Desa.

Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza.

Berta Zúñiga, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Foto: EFE

Berta Zúñiga, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Foto: EFE

Intentaron mantener la impunidad

Jackie Mcvicar, activista de derechos humanos en Guatemala, dijo que en el proceso judicial hubo "un intento por mantener la impunidad para las estructuras más allá de la autoría material".

"Vimos también algunas debilidades (...) el hecho que el tribunal tomó la decisión de excluir a la familia (de Berta Cáceres) del proceso" para esclarecer la muerte de la ambientalista, lo cual fue "un obstáculo muy grande para lograr una justicia más entera", subrayó Mcvicar.

La activista aseguró que la Justicia hondureña está "en deuda" en este caso porque el tribunal dijo en su fallo de diciembre pasado que "ejecutivos de Desa conocían y tenían el consentimiento para que ese hecho ocurriera".

No hay más avances

A casi cuatro años del asesinato, añadió, "vemos que no hay avances, aunque el Ministerio Público ha dicho que siguen investigando, pero no hay más capturas".

La Misión ve con preocupación que solo Roberto David Castillo, un alto ejecutivo de Desa, ha sido señalado e investigado como autor intelectual del crimen.

Vista general de la conferencia de prensa de la Misión de Observación que ha dado seguimiento al juicio por la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras. Foto: EFE

Vista general de la conferencia de prensa de la Misión de Observación que ha dado seguimiento al juicio por la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras. Foto: EFE

El informe destaca además que el "respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no solo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña".

Berta Cáceres "vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco", dijo en el acto Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de los Derechos Humanos de la Universidad de California.

"Paso incompleto"

Berra dijo que la condena de siete de los ocho acusados por el crimen de Cáceres es "un primer paso importante", pero es un "paso incompleto en este momento (...) todavía está en deuda la Justicia".

Instó al Estado de Honduras a adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas y asegurar que tengan acceso a recursos de la justicia para la defensa de sus derechos.

"Pedimos que haya más aprecio de la figura de la acusación privada como derecho de las víctimas a participar en el juicio y orientar el juicio hacia el establecimiento de la verdad", subrayó Berra

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