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Médicos de Guayaquil buscan apoyo legal

Desde la semana pasada, la rutina de los 17 médicos que fueron separados del hospital Abel Gilbert Pontón se alteró. En estos días comparte su tiempo entre consultas y reuniones para definir las medidas legales que aplicarán tras el cese de sus funciones, resultado de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El primer paso que dieron fue una demanda ante la Dirección Regional de Trabajo, entidad que envió un inspector de trabajo al lugar para determinar si se aplicó o no el despido intempestivo. Los resultados de esa evaluación se conocerán hoy.

Adicionalmente, los galenos solicitaron una reunión con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza. La cita sería la próxima semana en Quito. Ivonne Núñez, asesora legal de los médicos y de parte de los cinco trabajadores del área administrativa, explica que aún no se ha definido el pago de las indemnizaciones.

Según la Losep, el monto que deberían cobrar los empleados separados es de 150 salarios mínimos, es decir, unos USD 36 000. Pero desconocen si se cancelará en efectivo o en bonos. Núñez agrega que los trabajadores aún no reciben una acción de personal, solo una notificación de la medida.

La abogada de los afectados señala que se violentaron los derechos constitucionales. Recurre al art. 36, numeral 15, que establece que está prohibida la paralización del sector público, en salud. “Aquí el jueves se paralizó la atención. El mismo Estado violó la ley”.

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