Con pancartas, silbatos, gritos y vestimentas con leyendas, los partipantes a una marcha pacífica en Guayaquil expresaron consignas en contra de las drogas y pidieron al Gobierno que promueva políticas públicas para luchar contra esta problemática social. Foto: Miguel Párraga / EL COMERCIO
Propietarios de centros de tratamiento de adicciones, familiares y jóvenes en proceso de recuperación realizaron una marcha pacífica en Guayaquil, la mañana de este domingo 29 de octubre del 2017. La jornada comenzó a las 10:00 en las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre. Los marchistas avanzaron hasta el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000.
Con pancartas, silbatos, gritos y vestimentas con leyendas, los partipantes expresaron consignas en contra de las drogas y pidieron al Gobierno que promueva políticas públicas para luchar contra esta problemática social.
Magaly acudió junto con otras familiares a la marcha. Su hijo de 18 años permanece desde hace seis semanas en un centro de recuperación. El tratamiento le cuesta USD 2 000.
“No siempre hay la posibilidad económica. Él llevaba consumiendo drogas un año. Necesitamos la ayuda del Gobierno, que haya más centros de recuperación”, dijo esta madre de familia.
Jenny Díaz es presidenta de la Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas (Acrapg), con 40 establecimientos. Ella aclara que todos los centros agrupados en esta organización cumplen las reglas para su funcionamiento y rechaza la mala imagen que se ha extendido, debido a ciertos lugares clandestinos.
El tratamiento de rehabilitación de adicciones puede llegar a costar USD 500 mensuales, durante tres meses. Foto: Miguel Párraga / EL COMERCIO
“Queremos mostrar a la ciudadanía y a las autoridades que, contrario a la mala publicidad que se da a los centros de rehabilitación, hay muchos que somos legales, que estamos haciendo bien las cosas y que estamos trabajando a la par de todos los reglamentos del Ministerio del Salud”, dijo Díaz.
Por ello, pidió a las autoridades que se facilite la operación de los lugares legalmente establecidos. Por ejemplo, explicó que para obtener el licenciamiento deben cumplir un conjunto de normas para contratar, comprar y construir.
“Brindamos un modelo de atención biopsicosocial y las ordenanzas de licenciamiento apuntan a modelo biomédico. Eso tiene que ver con ciertas contrataciones de personal clínico y pensamos que eso es un poco sobredimensionada para nuestra real función”, explicó.
Ítalo Villavicencio, presidente de la Asociación de Propietarios de Centros de Tratamiento de Adicciones del Ecuador (Aptae), también pide la revisión de las normas para estos centros. Generalmente, estos centros laboran con un médico, una enfermera, un psicólogo, un administrador y un contador, según informó Villavicencio.
“Pero quieren tres doctores, es decir ocho horas por cada doctor para cubrir las 24 horas. Los trabajadores sociales también y los psicólogos, quieren uno por cada diez rehabilitados, quieren un químico farmacéutico y un nutricionista cuando eso lo puede hacer un médico”, dijo.
Para cumplir toda la norma, Villavicencio dijo que necesitan créditos que les permitan contratar el personal requerido. Y sugirió que dentro de ese apoyo el Estado compre el servicio a los centros privados.
El tratamiento de rehabilitación de adicciones puede llegar a costar USD 500 mensuales, durante tres meses. En el primero se gastan rubros por USD 140 entre exámenes y el proceso de desintoxicación, según indicaron los propietarios de estos centros.
“Si el Estado nos compra el tratamiento, que debe ser de aproximadamente USD 6 000, entonces sí podríamos satisfacer las exigencias. Al momento cobramos USD 1 000 o 1 500, depende de la condición socioeconómica de la familia”, acotó Villavicencio.
El 13 de julio del 2017, la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) y los representantes de 99 centros de adicciones suscribieron un acta de compromiso para la conformación de una Red Nacional de Centros de Tratamiento para personas con problemas de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.
Antes, el 26 de junio, el presidente Lenín Moreno convocó a un acuerdo nacional para prevenir el consumo de drogas. Desde entonces la Seted ha firmado convenios con varias municipalidades del país para implementar estrategias que permitan erradicar el consumo de drogas, principalmente en la población infantil y juvenil.