El asesinato de dos altos funcionarios de hospitales de Guayaquil y Esmeraldas revela la profunda crisis de corrupción que acorrala al sistema de salud en Ecuador. La pugna por el manejo de contratos es la principal causa de esta violencia criminal, que incrementa el temor entre el personal sanitario.
“Los contratos tienen dueños y el que se rehúsa, pues pasa lo que pasó”, dice un médico de Esmeraldas que prefiere no dar su nombre por seguridad. Se refiere al crimen de Rubén Hernández Arauz, gerente del Hospital Delfina Torres de Concha del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Hernández era coronel en servicio pasivo. Tenía casi un año en la casa de salud más grande de la provincia de Esmeraldas. La noche del 29 de marzo del 2023 recibió tres disparos mientras se dirigía a su domicilio. El crimen ocurrió un día después del asesinato de la directora administrativa del Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil.
“Las autoridades decían que se justifica su presencia en el cargo porque había sido militar y haría las investigaciones correspondientes dentro del hospital. Pero todo terminó en fatalidad”, asegura el médico esmeraldeño que reserva su identidad. “Ahora nadie quiere asumir ese puesto por miedo”.
La trama detrás de los contratos
El Delfina Torres de Concha es el hospital más grande de la provincia de Esmeraldas. Ofrece solo atención general, con 210 camas habilitadas y unas 700 atenciones diarias. Los casos de mayor complejidad son derivados a unidades de Quito y Guayaquil.
Su presupuesto codificado anual casi alcanza los USD 26 millones y parte de ese monto se destina a reñidos contratos, por altos valores. A inicios de este año el MSP anunció una inversión de USD 430 000 en medicinas, insumos y reactivos para pruebas de laboratorio. Además hay contrataciones de servicios de limpieza, seguridad, alimentación…
El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró el pasado viernes que las investigaciones relacionadas con los últimos atentados a funcionarios de hospitales públicos interconectan tres tipos de delitos: “actos de corrupción, querer seguir con contratos que son millonarios a la fuerza y no por un concurso, y tener relaciones con grupos de delincuencia organizada por la intimidación”.
Tanto la Fiscalía como la Contraloría General del Estado han detectado irregularidades en la asignación de algunos de estos contratos dentro de los hospitales del IESS y del MSP.
Los de prestación de servicios, por ejemplo, suelen adjudicarse de forma recurrente a un mismo proveedor que solo cambia de razón social para participar una y otra vez. Esto pese a que incluso no contarían con experiencia en el área adjudicada.
Corrupción en salud
Los sobreprecios son más comunes en la adquisición de fármacos. En procesos investigativos de la Fiscalía se ha detectado que para justificar compras de manera directa se cambia, intencionalmente, una letra del medicamento. Así no aparece en los catálogos electrónicos y se opta por una vía más rápida o de emergencia, que abre paso a negociaciones fraudulentas.
Solo entre abril del 2020 y febrero del 2022, la Fiscalía General del Estado investigó 81 casos de corrupción en 46 unidades médicas del MSP y el IESS en todo el país. Más del 40% fueron por peculado o el uso ilegítimo de dineros y bienes públicos por parte de funcionarios para obtener beneficios propios o de terceros.
El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil registra 30 casos de corrupción entre 2015 y 2021. Nathaly López Borja ejercía el cargo de directora administrativa de esta casa de salud antes de su asesinato el 28 de marzo del 2023.
La pugna más reciente en este hospital se centró en los contratos de limpieza. Una empresa reclama supuestos pagos pendientes de los que, según las actuales autoridades, no existiría un documento de respaldo. En mayo se abre el plazo para la renovación de este servicio.
El Teodoro Maldonado cuenta con un presupuesto institucional que supera los USD 160 millones.
Renuncias por miedo
El 31 de marzo del 2023, los directivos del Teodoro Maldonado anunciaron que llegaron al 84% de abastecimiento en fármacos. Siete meses atrás, cuando comenzaron su gestión, se reportaba el 40%.
“Una epidemia de violencia”. Así ha catalogado la Federación Médica Ecuatoriana a la ola de inseguridad que ahora también envuelve a personal sanitario en Ecuador. Según el gremio, cerca de un centenar de profesionales de la salud ha dejado sus cargos en unidades públicas por miedo.
“El Código Plata tiene que ser perfeccionado. No puede ser lo que está pasando”, ha indicado uno de los integrantes de la Federación que pide incrementar la seguridad dentro y fuera de las unidades médicas.
Amenazas y extorsión son las principales denuncias de los médicos. “Trabajamos, prácticamente, con una pistola en la cabeza porque llega un baleado, entran los miembros de las bandas y nos amenazan para que le salvemos la vida”, dice otro especialista de Esmeraldas que tampoco da su nombre.
Los asesinatos de Hernández y López no son los únicos. En mayo del 2022 fue atacado otro directivo del Delfina Torres de Concha. Y en julio de ese año una doctora fue baleada en los parqueos del Teodoro Maldonado.
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública también ha emitido un pronunciamiento ante los últimos crímenes. Aseguran que estos hechos reflejan la “profunda crisis que atraviesa la situación de seguridad en el país y los crónicos problemas de la gestión de salud”.
También hacen referencia a “intereses políticos y particulares” que “constituyen un campo propicio para la corrupción y el establecimiento de mafias enquistadas en instituciones de salud, lucrando a costa del dolor ciudadano”.
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